Tradición y cambio en las formas de hacer política III

El ascenso de una “nueva clase política” en nuestra entidad y la deuda con la democracia participativa.

Estrenamos administración estatal y nos encontramos con el ascenso al poder político del gobierno del estado de un grupo que, hasta este último proceso electoral, se situaba en el escenario político como oposición frente a la clase política que detentó el poder posteriormente al periodo del gobernador Carlos Jonguitud Barrios (líder sindical del magisterio). 

Consideramos que, desde 1986 hasta la fecha, nuestra entidad fue gobernada por una clase política de corte “escolarizado”. Esto es, con un perfil político basado en los conocimientos académicos técnico-administrativos y funcionalistas; que es dado enmarcar dentro de la Teoría de la Elección Racional (RCT, por sus siglas en inglés). Una de sus características, fue la utilización de modelos cuantitativos para la representación de las necesidades sociales desde los ámbitos locales hasta la entidad estatal en general.

Se ha dado en llamar “tecnocracia” a la clase política que aquí identificamos como “escolarizada”. Lo cual es importante destacar en tanto que representa a los actores del poder frente a quienes ocurre el proceso de ascenso de una nueva clase política que es definida como “populista” y que, actualmente, tiene a los partidos políticos otrora mayoritarios en una minoría representativa. Proceso del que nuestra entidad ya no es ajeno.

La administración que encabeza el recién estrenado gobernador Ricardo Gallardo Carmona, representa el ascenso de esta corriente que tiende a abarcar el territorio nacional pero que, si bien es una tendencia que se generaliza, no es, sin embargo, idéntica en cada entidad donde se manifiesta. En cada entidad, los actores y el contexto matizan las expresiones del poder en forma particular y, llamar su atención sobre estas particularidades es nuestro interés.

Desde luego, la nueva administración inicia en un marco político-económico y social en el que se gesta, del que surge y en el que pretende instaurar un nuevo orden para hacer gobierno y desde el cual gobernar. No hay nada desde la nada, sino un devenir que se presenta en oposición a un orden establecido pero con el cual no puede romper en forma absoluta sino que tendrá que mantener una lucha constante para afirmarse ante una inercia que se tornará en su oposición férrea. 

Un ejemplo palpable, entre otros, es la iniciativa de otorgar placas vehiculares en forma gratuita. Iniciativa que, como promesa de campaña electoral, se pretende convertir en una acción política desde el poder pero encuentra su resistencia en quienes argumentan técnicamente que es una medida populista no funcional para los efectos de la economía de la administración pública.

En este tenor, hay y habrá más iniciativas de la nueva clase política en el gobierno que enfrentará la resistencia de quienes dentro de la estructura del poder representan el modelo que ha perdido el poder ejecutivo.

Esto es precisamente lo que se entiende como un régimen democrático representativo, en el que las élites del poder luchan por detentarlo para “definir lo que necesita la sociedad”.

Más allá de esta democracia representativa se ubica la democracia participativa que se plantea como modelo democrático alternativo a la exclusión de la sociedad en el proceso de definir sus necesidades, sus prioridades y sus alternativas.

Entre la clase política que detentó el poder y la nueva clase política que hoy llega al poder como gobierno, no habrá mayor diferencia si se mantiene la exclusión de la sociedad de los procesos de decisión de las políticas públicas. 

No es suficiente que, desde la Contraloría Social se constituyan consejos comunitarios para la vigilancia del ejercicio de los programas y las obras públicas; ni que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tenga la facultad descentralizada de conocer el interés público si no se dota de una Ley de Participación Ciudadana que nos permita conocer la realidad desde la realidad misma, más allá de modelos verticales que hicieron perder legitimidad a los partidos frente a la ciudadanía y transformaron el escenario político en lo que tenemos como un nuevo escenario: la complejidad de la diversidad social.

Como lo señaló el nuevo gobernador RGC en su momento como diputado dentro del parlamento de participación para la definición del presupuesto del 2021: “se habla mucho de una nueva realidad que no conocemos”; refiriéndose a la necesidad de la reactivación económica local (de los municipios) haciendo uso del presupuesto; agregando él mismo: “lo que hoy tenemos que buscar es… escuchar las diferentes partes (a los) presidentes municipales … (a la) sociedad civil”.

Planteaba nuestro nuevo gobernador, la necesidad de destinar el 10% del presupuesto estatal a la reactivación económica estatal con un enfoque desde los municipios; en aquel momento, él hablaba desde el poder legislativo, hoy, ya instaurado como poder ejecutivo tiene ante sí el enorme reto de hacer política pública lo que ayer fue un argumento político en un contexto legislativo.

Este reto es, así mismo, la oportunidad de ganarse la legitimidad entre quienes han dudado de la pertinencia de su mandato y, mucho más, la legitimidad ante una sociedad que mayoritariamente le otorgó la confianza de encabezar el cambio para hacer valer sus legítimas necesidades sociales.

Los aires de cambio están en el ambiente, es deseable que estos aires se transformen un nuevo orden de hacer política y que, la necesidad de atender la diversidad de nuestra sociedad adquiera la condición de un nuevo orden de participación que permita sustituir las definiciones verticales por las definiciones propias.

Como dice el proverbio: “por sus hechos le conocerán”.

joseramonuhm@hotmail.com