Traidores a la Patria
Es acostumbrada la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T de infamar y atacar a quienes piensan distinto. Ya sabemos que su propósito es polarizar y enfrentar a los mexicanos, mientras que los verdaderos estadistas dialogan, unen y concilian con sus compatriotas.
Yo opino que lo mejor que le pudo pasar a este país fue que la Cámara de Diputados rechazara y desechara la propuesta de Reforma Eléctrica que presentó el Ejecutivo. Es decir que los congresistas que votaron en contra, de ninguna manera son traidores, simplemente ejercieron su derecho elemental de disentir.
Los graves problemas que hubiera causado esa Reforma Energética son la regresión a un régimen de Estado más centralizado, menos transparente y con nula rendición de cuentas (¿se acuerdan del PRI de los 70´s y 80´s?). En sí, la reforma violentaba el anhelo de tener una sociedad más democrática y mayor bienestar general de la población. Básicamente afectaba la economía, el medioambiente y las finanzas públicas.
Varios investigadores consultados, coincidieron que las cuatro áreas de gran preocupación, con dicha iniciativa, eran:
1.- Cambios en el diseño institucional del sector energético darían pie a la hipercentralización del poder de la CFE, dejando de ser Empresa Productiva del Estado (EPE) para convertirse en Organismo de Estado. La CFE, cuya obligación como EPE es generar valor económico y rentabilidad con sostenibilidad, se convertiría en un ente público con triple mandato: (i) Estaría a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica, (ii) Actuaría como órgano regulador, y (iii) Asumiría la responsabilidad exclusiva de diseñar e implementar políticas públicas en materia de transición energética y en materia de política industrial. Sencillo, el Director de CFE (el impresentable Bartlett) tendría un poder superior al de las Secretarías de Estado.
2.- Se afectarían de múltiples maneras los derechos adquiridos al cancelar todos los permisos de generación y contratos de compraventa de energía eléctrica vigentes, sean para proveer a la CFE, para satisfacer sus necesidades propias (autoabasto), o para vender generación excedente. En el ámbito de los derechos humanos y medioambiente, la asignación de facultades exclusivas a la CFE para llevar a cabo la transición energética del país implicaría, en lo inmediato, la imposibilidad de alcanzar los porcentajes comprometidos a nivel internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero iría más allá: dificultaría la labor administrativa de todo el Sector Público para lograr una alineación de políticas públicas que garantice el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para toda la población –sector industrial incluido–, así como para aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en la matriz de fuentes energéticas. La iniciativa carece de análisis de impactos ambientales y sociales para avanzar hacia un sector más responsable con los ciudadanos y con el medioambiente.
3.- Se fortalecería a la CFE, pero a costa de la pérdida de competitividad del país y del bienestar de la población. En efecto, México estaría incumpliendo compromisos internacionales en materia comercial y medioambiental. De hecho, en el apartado 11.4 del TMEC (suscrito por la 4T y no por neoliberales), México se ha comprometido a evitar obstáculos innecesarios al comercio. Asimismo, en el capítulo 22 del tratado se establecen compromisos de trato no discriminatorio, al prohibir que una de las partes otorgue asistencia no comercial con el fin de provocar efectos desfavorables (esto es, desplazar a empresas de otros países u obstaculizar su acceso a bienes y servicios). Asimismo, el capítulo 14 establece protección específica a inversionistas que ya cuentan con contratos gubernamentales, cubiertos contra actos de expropiación indirecta o incumplimiento de las normas de trato justo y equitativo/mínimo. La Confederación de Cámaras Industriales ha calculado que el monto de las indemnizaciones a pagar por el Estado mexicano podría ser equivalente, como mínimo, a un 7% del PIB, lo que alcanzaría los 70 mil millones de dólares, por compras de activos y compensaciones por la rentabilidad perdida de negocios en marcha de los inversionistas actuales.
4.- La afectación en las finanzas públicas sería sustancial y no se realizó ningún estudio de impacto presupuestario. Era indispensable conocer cómo la reforma afectaría el subsidio a las tarifas eléctricas que se presupuesta cada año.
Se ha dicho hasta el cansancio que la propuesta de reforma constitucional violenta derechos adquiridos y contraviene principios jurídicos fundamentales previstos en la Constitución. La creación de un régimen de excepción para la CFE en un sector económico cuyos servicios son indispensables para toda la actividad económica del país distorsionaría el funcionamiento de la economía en general, impactaría en los precios generales y presionaría las finanzas públicas en niveles nunca antes vistos, en detrimento del bienestar de la población.
En una iniciativa de reforma constitucional de este calado siempre es indispensable que la misma vaya acompañada de análisis serios de impactos en finanzas públicas, en niveles de precios, en competencia económica, crecimiento económico regional, en medioambiente, y de impacto social. En el caso concreto simplemente no ocurrió.
Pero ¿debe existir una reforma eléctrica? Estimo que sí, pero no la de Andrés Manuel López Obrador que estaba cargada de dogmas y falsas creencias, sino una técnica basada en ciencia. En la próxima colaboración trataremos al respecto.
Delírium trémens.- Los potosinos que en los 90´s lucharon por la democracia ¿están de acuerdo con la reforma electoral de la 4T? ... después de leerla, reflexionar y rememorar (¿se acuerdan del PRI de los 70´s y 80´s?), seguramente responderán que no.
@luisglozano
