Un país resiliente
Parte III: Desmemoria
y la tiranía del anonimato.
(Tercera de cuatro partes)
Pocas cosas hacen tanto daño a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, como la ausencia de rendición de cuentas por parte de las personas que han recibido el voto. Hemos mencionado en otro momento que el tema de la rendición de cuentas no se agota en la mera exhibición de datos en discursos controlados como se acostumbra en los mitines o informes de gobierno. También hemos mencionado que la rendición de cuentas puede tener 2 matices: por una parte, la rendición de cuentas expost -o a posteriori- que es a la que estamos acostumbrados cuando un funcionario público presenta información, o -en el mejor de los casos- se hace responsable de sus acciones, decisiones u omisiones que ya se han emprendido o ejecutado; mientras que el otro matiz se refiere a la rendición de cuentas exante -o a priori-, ésta ocurre cuando el funcionario público presenta y justifica de manera previa sus acciones o decisiones antes de emprenderlas.
Uno de los problemas de los países democráticos tiene que ver con la responsabilidad pública que asumen los actores políticos cuando toman decisiones. En el oficio político es común el cálculo de los costos de las acciones o decisiones que se emprenden; normalmente suelen ser proyectados o estimados como costos electorales (recuerdo esta frase que dice que un político piensa en la siguiente elección mientras que un estadista piensa en la siguiente generación). Estos costos políticos pueden ser tasados de distinta manera: existen costos que los partidos asumen y que pueden significar victorias o derrotas en la siguiente contienda electoral, pero también existen los costos políticos para las personas que con su nombre y apellido ponen en juego su reputación y trayectoria, misma que será expuesta en el momento en el que se aspire a un nuevo puesto de elección popular.
La responsabilidad pública asumida tiene valor sólo en la medida en que la ciudadanía puede atribuirla a un actor político. Cuando se toman decisiones impopulares, o cuyos costos políticos pueden ser catastróficos para cualquier aspiración electoral, la apuesta es a la desmemoria o al anonimato. La primera, común en cualquier país y momento histórico, se presenta a partir de la constante consecución de hechos, información y fenómenos que con el tiempo irá desdibujando la memoria que la ciudadanía puede tener sobre la responsabilidad de un actor político.
El anonimato es un problema distinto: una decisión legislativa -por ejemplo- siempre es pública, cualquier persona debería tener la posibilidad de consultar qué decisiones o qué votos tomaron cuáles personas y a partir de ahí establecer un juicio sobre la responsabilidad pública y la calidad de la representación asumida. Pero la publicidad del voto legislativo no es un asunto sencillo, se requiere de entrenamiento y de conocimientos técnicos, además del desarrollo de observaciones sistematizadas para poder establecer con claridad y transparencia, qué decisiones han tomado determinados legisladores o representantes populares. En otros ámbitos de la vida pública, como pueden ser las sentencias de juzgados y magistraturas, ocurre de la misma forma. Pero en los poderes ejecutivos el asunto es distinto: las acciones y decisiones normalmente suelen ser imputadas a las personas titulares del poder ejecutivo, o en algunos casos las personas titulares de secretarías o dependencias, siendo que la realidad, gran parte de lo que ocurre o de lo que deja de hacerse en el sector público depende también de otros muchos funcionarios públicos; en cualquiera de los casos, cualquier dificultad técnica o normativa que impida conocer quiénes son los responsables de determinadas acciones o decisiones, abona al anonimato que se contrapone con la responsabilidad asumida.
¿En dónde encuentran ahora todas aquellas personas que, cuando estuvieron en un ámbito de responsabilidad legislativa, votaron a favor -o en contra- de determinadas decisiones que afectaron negativamente a la población? ¿cuánto tiempo es necesario para que se olvide una decisión de este tipo? ¿se puede imaginar la dimensión de las responsabilidades no asumidas desde el hecho de que no logramos conocer todo lo que ocurre y lo que sabemos, lo sabemos gracias al periodismo de investigación, a la transparencia y el acceso a la información pública? ¿qué ocurre con todo lo demás?.
Nuestro país es más fuerte que la irresponsabilidad política de determinados actores. Frente al dolo, a la estulticia, el prevaricato; frente a la incompetencia o la irresponsabilidad arropada en la desmemoria y el anonimato: vigilancia, exigencia, transparencia, memoria, consecuencia, sanción, responsabilidad. De eso también está hecha nuestra democracia.
Twitter. @marcoivanvargas
