Una etapa difícil
Es una época difícil para la administración pública en nuestro país. Fue en 1958 cuando la enseñanza profesional de la administración pública fue incorporada formalmente a los planes de estudio de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si bien el origen de la disciplina es bastante más anterior a eso, el dato que quiero destacar con este antecedente es que, como otras disciplinas del conocimiento, las ciencias de la administración pública existen por algo: no se trata solamente de observar a los gobiernos como un bicho de estudio para realizar descripciones y taxonomías, sino que la disciplina ha tenido, desde hace siglos, un amplio sentido práctico orientado a la mejora del desempeño gubernamental.
Sí, una ciencia orientada a la mejora del desempeño gubernamental.
Han pasado más de 60 años desde que, desde la autonomía de las instituciones educativas de educación superior se consideró necesario, pertinente y relevante que existan personas que, así como en otras ciencias y artes, se puedan especializar en “lo que hacen” los gobiernos a través de la acción administrativa del estado. La cosecha de los resultados e impactos de esas decisiones se han manifestado por décadas en el desempeño de personas funcionarias en distintos ámbitos de la administración pública: federal, estatal, municipal o incluso en estructuras organizaciones que no necesariamente se encuentran en el catálogo de dependencias públicas del estado mexicano.
Pero una disciplina como ésta no se abre espacio por sí misma de forma natural, sino que encuentra sus zonas de desarrollo en los enormes retos de la materialización de la voluntad política. Es aquí donde se encuentra, quizás, el aspecto clave que explica por qué algunos gobiernos -nótese que deliberadamente evito hablar de partidos políticos o personajes concretos- son más exitosos que otros. Con el tiempo he entendido que aquellas sentencias de Mancur Olson sobre la riqueza de las naciones se conecta, indiscutiblemente, con la capacidad administrativa del estado. Olson escribió: “Cuando se pregunta uno: ¿por qué algunas naciones son ricas mientras otras son pobres? la idea clave es que las naciones producen dentro de sus fronteras no aquello que la dotación de recursos permite, sino aquello que las instituciones y las políticas públicas permiten”. No es la riqueza de los recursos, sino la calidad de las políticas.
En alguna parte de esta disciplina se enseña que la administración es el brazo operativo de la política, de lo que se desprende que de nada sirve toda aquella discusión sobre los fines políticos de la nación, sobre los importantísimos objetivos del estado, sobre las deudas históricas de la justicia social, sobre el capital de legitimidad de una determinada idea política si ésta peca en su capacidad administrativa para poderse ejecutar. La política que no se implementa con eficacia es discurso -o poesía, en el mejor de los casos-.
Es por ello que en el ámbito de lo público causa extrañeza encontrar discursos políticos que no solo estigmatizan a la administración pública como burocracia, sino que, en el nombre de una mal entendida lógica de racionamiento de recursos, terminan mermando de manera significativa la capacidad administrativa de las organizaciones que prestan servicios a la población a la que se deben.
Permítame ser claro en esta idea. Entiendo a la perfección que provenimos de una época -bastante larga, a mi parecer- donde el gasto del estado no tenía controles ni justificaciones. Esto propició que por décadas se desperdiciaron recursos públicos en cosas que no contribuyeron a cumplir los fines públicos del estado. Hubo corrupción en eso, sin duda; pero también simulación, desvío de recursos, conflictos de interés, crecimiento desmedido e injustificado, así como una lógica incrementalista, necia, hueca y llana de afirmar que más es mejor. “Confunden lo grandote con lo grandioso”, decía Ibargüengoitia.
Frente a los excesos e improvisaciones, la disciplina de la administración pública respondió con paradigmas para mantener controles y equilibrios que no mermaran la capacidad operativa del estado. Frente a la eventual carestía de recursos, el gasto ocioso es impensable. De la misma forma se ha avanzado en otra subdisciplina a la que hoy conocemos como las ciencias de la política pública, que no es otra cosa que mejorar el desempeño de los gobiernos a partir de la comprensión de lo que hacen, por qué lo hacen y cuál es su efecto.
Vivimos en una etapa difícil para la administración pública en México porque el discurso político ha priorizado las formas del aniquilamiento de la administración, y porque no se ha ocupado de privilegiar con acciones sustantivas -¡y con recursos!- a la mejora de la capacidad administrativa que en última instancia incide en el desempeño de lo que hacen las organizaciones públicas. Se vota por lo que dicen los políticos, pero no por lo que logran sus gobiernos. No parecen entender que esa ciudadanía a la que invocan en la campaña proselitista, resulta afectada cuando el estado no tiene la capacidad de ejecutar las políticas.
Soy de la idea de que las dependencias públicas -incluso las autónomas- deben partir de la autocrítica y de un análisis objetivo para entender e identificar lo que es importante, lo que es prioritario, lo que es necesario y lo que es indispensable. Las decisiones presupuestales deberían seguir una lógica basada en ese examen en todos los tramos de la responsabilidad pública, desde quienes formulan los presupuestos, pasando por quienes los aplican y hasta quienes los deciden.
Pero hay personajes políticos a los que no parece convenir que se hable y se decida en favor de la capacidad -en todo momento controlada y vigilada- de la administración pública. La ciudadanía pierde, y no necesariamente se da cuenta de ello.
Twitter. @marcoivanvargas
