¿Urge legislar?
¿Por qué es necesario reformar al sistema electoral en México? ¿Se requiere una reforma electoral o una reforma política? ¿Cuáles son los problemas, necesidades o demandas que se pretenden atender o solucionar con una reforma? ¿Qué se quiere reformar? ¿Para qué se quiere? ¿y quién lo quiere?.
Ocurre cada tres años. Con la conclusión del proceso electoral se abre también un intervalo de tiempo muy peculiar en el que actores y partidos políticos realizan algunos posicionamientos sobre lo que tendría que cambiarse en nuestro sistema electoral. Quisiera advertir que estas presentaciones de intenciones pueden o no estar relacionadas con la agenda legislativa que construyen los partidos políticos antes de comenzar un periodo de sesiones. La historia reciente nos ha demostrado que en realidad cuesta muy poco posicionarse públicamente sobre algo que se necesite reformar, aunque no se tenga un diagnóstico claro y pertinente. Urge legislar, le dicen.
En otro momento me ocuparé de compartirle algunos comentarios sobre los procesos de construcción de la agenda legislativa de los partidos políticos que no es un asunto menor, por sus enormes implicaciones políticas y porque la ciudadanía está ausente de esos procesos. Hoy quisiera centrarme en la próxima discusión sobre la reforma electoral en nuestro país y nuestro estado. Ahora que tenemos frescas algunas cosas.
En términos generales puede decirse que las reformas legislativas implican cambios, a veces de forma, a veces de fondo. En materia electoral, las reformas sustantivas casi siempre son producto de enormes crisis políticas y suelen ser promovidas por los partidos políticos de oposición que han encontrado problemas que tienen que ser resueltos. Un problema puede ser visto como un fenómeno que atenta contra la integridad electoral, es decir, contra la posibilidad de que se celebren elecciones libres, justas y confiables.
La historia Usted ya la conoce. La crisis política de la década de los 70 del siglo pasado fue atendida con la reforma de 1977 que posibilitó que las fuerzas políticas pudieran incorporarse al mundo institucional. Las elecciones de 1979, 1982 y 1985 fueron escasamente competitivas, pero no fue sino hasta 1988 cuando quedó demostrado que el entramado institucional que hacía funcionar a las elecciones en México, tuviera la capacidad de soportar una elección auténticamente competitiva. Luego llegó la reforma que dio origen al IFE en 1990 para atender al desafío de constituir a una nueva autoridad electoral que sea capaz de construir confianza en los procesos comiciales a través de un desempeño imparcial, equitativo y apegado a la legalidad. Sucedieron las reformas de 1994, 1996 y 2007 que establecieron condiciones de mayor equidad en la contienda. Quizás la última gran reforma ocurrió en 2014 donde se modificó de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de organización electoral en manos del ahora Instituto Nacional Electoral y de los denominados Organismos Públicos Locales Electorales -los institutos electorales de cada entidad federativa-, se cambiaron reglas en el régimen de partidos, se hicieron cambios sustantivos en materia de fiscalización, rebase de tope de gastos de campaña, comunicación política e instrumentos de participación ciudadana -acabamos de ver funcionar a uno que requiere de una intervención mayor-.
¿Qué es lo que se requiere reformar entonces?. Depende del problema que se identifique, o de la situación o fenómeno que se pretende atender. ¿Nuestro sistema electoral tiene problemas? Sin duda, pero ¿a quién corresponde presentarlos o definirlos?. Me llama poderosamente la atención que desde 2018, las propuestas de reforma político-electoral no provienen de la oposición sino de la mayoría en el poder. Si regresamos algunas líneas atrás, usualmente la justificación de una reforma proviene de la identificación de fenómenos, conductas o configuraciones legales o institucionales que impiden la celebración de elecciones auténticas y justas. ¿Cuáles son los problemas que debemos atender?.
José Woldenberg ha señalado que los grandes objetivos de las reformas político electorales de los últimos cuarenta años parece que se han alcanzado: partidos políticos nivelados, elecciones competidas, pluralismo equilibrado en el Congreso, fenómenos de alternancia. ¿Qué es lo que tenemos que resolver entonces?.
En 1971 James A. Jones describió atinadamente la relación que existe entre la definición de un problema y el ángulo de aproximación para abordarlo: “quien sea el primero en identificar un problema social será también el primero en delinear los términos para su discusión”. Es esa la razón por la que hay quienes se han adelantado a presentar algunas ideas de reforma: como estrategia, se obliga a que el debate se centre en aquello que se ha presentado como un problema que tiene que resolverse.
Me preocupa que el debate sobre la reforma electoral sea planteado a partir de intenciones políticas y no de problemas públicos. Usted podrá verlo en los meses por venir. Hay quienes hablan del costo de las elecciones pero proponen eliminar o sustituir a los árbitros. Pocos hablan de la maximización de los derechos, de la adaptación de nuestros modelos de comunicación a las tendencias actuales de consumo de información digital o de la profundización de la participación ciudadana. Ya viene esa discusión y no podemos estar ausentes.
Twitter. @marcoivanvargas
