Llevo semanas sosteniendo que las “negociaciones” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo semejan mucho una mezcla de zoco árabe, tianguis de usado y prostíbulo fronterizo. La verdad es que me quedé corto. Hay ahora evidencias de que también se incorporan a tan deplorable coctel una partida de póker entre tahúres del viejo oeste y una exhibición de “¿dónde quedó la bolita?”. El problema mayor que (me) significa analizar y opinar sobre la interacción entre ambos poderes es que no hay a cuál irle. De un lado se exhibe dejadez e impericia política y del otro una voracidad de dinero y posiciones que será legendaria.
El pasado martes 25 de agosto, víspera de la sesión del Congreso donde se votarían la ratificación de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura, por segunda ocasión, y la elección del nuevo fiscal anticorrupción, se reunieron en una salita del Centro de Convenciones el representante de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, que por cierto no es diputado, y enviados del Ejecutivo. El arreglo fue relativamente rápido y fácil: los seis votos panistas estaban disponibles a razón de un millón de pesos cada uno. “Hecho”, fue la respuesta. Un anticipo de 200 mil pesos por cabeza sería entregado al día siguiente y el resto unos pocos días después.
El miércoles 26, los seis diputados albiazules se reunieron con su dirigencia partidista a las ocho de la mañana para recibir la buena nueva y convenir el sentido de sus votos en la sesión que comenzaría dos horas más tarde. En esa reunión, alguien dijo que según el Secretario General de Gobierno, por lo menos una dama de las ahí presentes había recibido varios cientos de miles de pesos con anterioridad, con lo que ardió Troya. La aludida lo negó airada y categóricamente, y exigió que su coordinador de fracción arreglara de inmediato una entrevista de todo el grupo con Alejandro Leal Tovías para aclarar paradas.
La reunión no se concretó porque varios de los propios diputados albicelestes la boicotearon. Así, divididos y sospechando unos de otros, llegaron a la sesión, donde ya cada quien votó como mejor le pareció. La ratificación de Delgado Sam alcanzó apenas la mayoría calificada porque recibió uno o dos votos panistas comprometidos en lo personal (al parecer a cambio de favores como alguna basificación y aumento de sueldo a alguien que trabaja en el Poder Judicial), pero la designación de Felipe Aurelio Torres Zúñiga se quedó a tres del mínimo necesario.
Arreglos similares, aunque no sé si por las mismas cantidades, se habían pactado con otros seis o siete legisladores de diferentes partidos, entre los cuales figurarían dos de Morena, uno que oficialmente sigue siendo del PT, uno del Verde, el dizque Independiente y uno o dos más de la llamada Chiquillada. Sumados los cinco priistas, se garantizarían los 18 votos necesarios. Por el momento no sé quiénes recibieron dinero y cuánto. De los panistas entiendo que al final ninguno, pues el arreglo lo dinamitaron ellos mismos.
Hace algunas semanas informé que la tarde del 24 de junio, también en el Centro de Convenciones, hubo una reunión en la que participaron dirigentes y/o representantes de los principales partidos y de las fracciones legislativas más nutridas, en las que se acordó el reparto de las siguientes posiciones: de las dos magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia que quedarían vacantes una sería para el PAN y otra para Morena. Al PRI (es un decir, en realidad serían para El Caco) le corresponderían la consejería de la Judicatura y la Fiscalía Anticorrupción. También se repartieron la Comisión Ejecutiva Estatal de Victimas, un puesto en la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información (Cegaip) y la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La pregunta para la que no tengo respuesta es si después de tanto desorden, de tanta incompetencia política, de tantos compromisos incumplidos y palabras traicionadas, todavía están vigentes esos acuerdos. Es decir, si todavía del lado del Ejecutivo están en disposición de entregarle una magistratura al PAN y la otra a Morena, a riesgo de que manden a la máxima instancia de nuestro aparato de impartición de justicia a un par de sinvergüenzas, voraces e incompetentes.
HOMENAJE A GROUCHO MARX
Una de las frases más citadas del célebre humorista Groucho Marx es aquella de “Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. Por lo que se sabe, el Ejecutivo estatal (lo cito así porque cada vez me resulta más difícil identificar quién es su titular) está a punto de hacer suya la ingeniosa expresión.
Tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso se tiene por seguro que en fecha próximo del primero se enviará al segundo la “nueva” terna para fiscal anticorrupción, pero con el criterio de que basta cambiar uno de los tres nombres originales para que la segunda lista pueda cumplir ese requisito constitucional de ser “nueva”. Esto significa que si de la terna inicial integrada por Felipe Aurelio Torres Zúñiga, Xóchitl Martínez Calderón y Leticia García Torres se cambia a cualquiera de las damas (lo digo así porque ya sabemos que al Caco primero le crece el pelo que ceder en sus afanes macabéicos), ya se trata de un trío nuevo.
Hay aquí una discusión inacabada entre juristas sobre si para que una segunda terna cumpla a cabalidad la norma legal de ser “nueva” debe incorporar tres nombres todos distintos de la inicial o si, como ya se dijo, basta que se sustituya uno para darle esa calidad. Hasta donde nos ha sido posible saber, no hay ningún criterio definido por algún tribunal que arroje luz sobre el tema.
Pero en el muy puntual caso que nos ocupa, si don Caco vuelve a mandar el nombre de Felipe Aurelio se estará tragando su propio criterio sostenido en los hechos hace tres años. Desde el Ejecutivo estatal se hará gala de incongruencia, por no decir de cinismo. Me explico:
En octubre de 2017, en cumplimiento del mandato legal correspondiente, el en ese entonces todavía gobernador Juan Manuel Carreras remitió al Congreso dos ternas para de entre ellas designar al Fiscal especializado en materia electoral y al Fiscal anticorrupción. Para el primero, se propuso al ex presidente del Ceepac Martín Vázquez Vázquez (que era el predestinado) y a las abogadas Concepción Hernández de León y Jovita Badillo Cruz. Para el segundo se enviaron los nombres de las abogadas Geovanna Hernández Vázquez (la preferida) María Angelina Acosta Villegas y Juana María Castillo Ortega.
Ninguna de las propuestas alcanzó la mayoría calificada y, consecuentemente, ambas ternas se devolvieron a Palacio. Unas semanas más tarde, como lo dispone nuestra Constitución, el Ejecutivo envió dos “nuevas” ternas, efectivamente “nuevas”. Es decir, no repitió ni uno de los nombres originales.
Para la fiscalía especializada en materia electoral, se propuso a Javier Pérez Montalvo (electo y en funciones), y a las abogadas integrantes al Poder Judicial Mayra Dessiré Ramírez Zúñiga y Patricia María Rocha Almendarez. Para la Anticorrupción, los candidatos fueron Jorge Alejandro Vera Noyola (elegido que renunció en enero de este año por falta de presupuesto, de personal, de apoyo y de vía libre para cumplir su deber [ojo, Felipe Aurelio], el juez Alejandro Hernández Castillo y la abogada Mónica Kemp.
Así las cosas, si como se nos insiste esta vez se repetirá el nombre de FATZ, lo más natural será preguntarle al Ejecutivo por qué lo que consideró correcto y legal hace dos años ahora se lo pasa por el arco del triunfo. Tampoco hay que esperar respuesta, pues como ha quedado demostrado todo se les resbala y a estas alturas del calendario ya tienen la piel más dura que un elefante.
COMPRIMIDOS
He visto varias veces con toda atención el video de la vendedora de flores y los inspectores municipales igual que he escuchado con cuidado las declaraciones que al respecto hizo el alcalde Xavier Nava Palacios. Las imágenes me producen indignación y las palabras me causan desolación. Es verdad que los empleados del Ayuntamiento no golpean a la joven madre que cargaba su bebé en la espalda, pero sí la maltratan; por lo menos dos veces la jalonea del brazo derecho el inspector, mientras su compañera le arrebata su mercancía. Al inicio de sus dichos Nava lanza una acusación demoledora: que la pobre mujer abandonó su lugar en la explanada Ponciano Arriaga. Quiero suponer que allá se quedaron sin atender largas filas de clientes que se peleaban las modestas flores y arrojaban puños de dinero. Pero en todo caso, por qué no conminarla a retornar a aquel lugar sin despojarla de lo que probablemente sea su único capital para ganarse la vida. No quiero ser ni cursi ni exagerado, pero la mujer esa que con brusquedad le quitó sus ramitos de hierba en realidad le estaba arrebatando el pan de la boca. A ella y a su bebé.
En su alocución, XNP insiste reiteradamente en que lo hecho con la vendedora de flores está autorizado por un reglamento municipal. Yo sé que nuestro presidente municipal no es abogado pero sí tengo un grado razonable de certeza de que es un ser humano. No entender lo difícil que resulta en estos momentos de pandemia y crisis económica ganarse el sustento en la informalidad es no entender nada. Por lo demás, hasta para delitos mayores nuestros códigos contemplan excluyentes de responsabilidad. Una de ellas se denomina “Estado de Necesidad”. Para mí la reacción del alcalde Nava Palacios tiene tres posibles explicaciones: padece un estado avanzado de esa horrible enfermedad del alma que se llama arrogancia; el estrés de la incertidumbre política le está pasando factura, o tiene corazón de piedra. Si yo fuera irrespetuoso, cosa que por supuesto no soy, comenzaría a llamarle el alcalde “reglitas”.
Ojalá y no se concreten esas amenazas de salirse de la Conago que han externado algunos gobernadores. Reitero lo que dije aquí hace unas semanas: su actual presidente no está en el cargo por ser doctor en derecho ni por llamarse Juan Manuel Carreras López; tampoco por ser de piel clara o protegido del Caco. No, está ahí por ser el gobernador de los potosinos; es decir, por de alguna manera representarnos. Sería una pena que terminara siendo el sepulturero de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
No sé por qué pero el caso es que ayer de súbito me acordé del tema. ¿Cuándo se comienza a trasladar para acá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal? Espero que ya no tarde mucho.
Hasta el próximo jueves.