VAMOS DE MAL EN PEOR

Si un problema en materia de servicios públicos se convierte en rehén de disputas políticas, malo para la gente. Cuando un asunto de esa naturaleza se politiza, lo importante viene a ser qué beneficios políticos se pueden obtener o qué perjuicios políticos se pueden causar al adversario. Las características, términos y alcances del problema pasan a segundo plano.

El planteamiento de que es necesario incrementar en casi un 25 por ciento las tarifas del agua potable en la ciudad es esencialmente una cuestión técnico-financiera que de entrada debería abordarse desde esa perspectiva. Entre otras cosas, para encontrar respuestas a numerosas interrogantes.

Por ejemplo y sin que sea un listado exhaustivo: ¿Cuánto ingresa anualmente el Interapas? ¿Es todo lo que puede ingresar o es ineficiente en su cobranza? ¿Cuánto gasta y cómo lo gasta: con eficiencia o con derroche? ¿Opera con el personal necesario o hay excesos?

También, ¿cuáles son los problemas y desafíos más acuciantes que no se pueden dejar para después del 2023? ¿Qué resultados reales ha dado el programa “cuenta nueva y borrón”? ¿El aumento que se pretende es para emprender soluciones a la problemática de fondo o solo para ir poniendo curitas?

Que al calor de los enojos y la vulgaridad gubernamental no se olvide que según estimaciones oficiales casi el 50 por ciento del agua que se inyecta a la red de distribución se pierde por fugas y deficiencias en la misma. Mientras no se atienda circunstancia tan costosa como deplorable, otros parches resultan dinero tirado a la basura.

Una vez clarificadas las principales dudas de los diversos sectores, sería la hora de hacer un cálculo sensato sobre el impacto social del incremento solicitado y los márgenes para su reducción.

Si la decisión final en este rubro corresponde al Congreso del Estado, la lógica elemental indica que ese sería el espacio apropiado para un ejercicio de análisis serio y una civilizada discusión y esclarecimiento de cuestiones como las arriba mencionadas y muchas otras. Si ese es el escenario de las decisiones finales, ¿qué sentido tienen las riñas callejeras con insultos y escupitajos en el exterior?

TODO CUENTA

Aunque a mucha gente le habrá llamado la atención la procacidad exhibida estos últimos días por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en lo personal me parece que son otros rasgos de su personalidad los motivos de preocupación. Uno en particular destacó: la facilidad con que pierde los estribos. Aunque eso implique hacer evidente su incongruencia.

Recién la Junta de Gobierno del Interapas había aprobado -con una votación muy apretada- la solicitud de incremento, que todavía debería pasar dos aduanas legislativas: la comisión respectiva y el pleno, y ya Gallardo Cardona había montado en cólera, acusando al Ayuntamiento de traicionar al pueblo. Un par de días después, tiempo suficiente para que hubiera podido enterarse del trámite pendiente, el enojo gallardezco subió de tono y luego de acusar (se entiende que a la Junta de Gobierno que preside el alcalde Enrique Galindo) de haberse aventado “al puro chingadazo”, personalizó su furia contra el director Enrique Torres, al que acusó de ni siquiera vivir aquí y de tener caca en la cabeza.

(El encono de Gallardo Cardona, quizá sea más preciso decir de los Gallardo, contra el director general del Interapas, tiene un origen preciso, mezquino, del que estamos juntando datos).

La incongruencia a que aludimos brinca de inmediato porque pocos días antes había dicho públicamente que Galindo es “el mejor alcalde” de la entidad, y porque en la misma circunstancia domiciliaria de Torres se encuentran varias colaboradoras y colaboradores de Gallardo, designadas por él. Ese es el riesgo de hablar más rápido de lo que se piensa: darse balazos en el pie.

En otro orden de ideas, por supuesto que RGC tiene pleno derecho a ser todo lo malhablado que se le antoje. Un poco el problema es que ostenta una investidura de la que quizá pueda desprenderse un poco en la intimidad de su hogar por las noches pero la porta cuando hace declaraciones a los medios justamente en su carácter de jefe del Ejecutivo. A riesgo de sonar exagerado, diré que cada vez que Gallardo Cardona falta al respeto a su investidura se falta al respeto a sí mismo.

Alguien podrá decir que tales excesos verbales son producto de su santa indignación por los abusos contra su amado pueblo. Como estamos hablando de apenas una solicitud (que huele a precio de etiqueta en zoco árabe) con insuperables trámites enfrente, no quiero imaginar qué ocurriría si los diputados aprobaran el incremento tarifario. Capaz que los manda fusilar al grito de “por hijos de su…”.

Los mejores argumentos, las ideas más sólidas, las razones más convincentes, lo son en sí mismas, sin necesidad de acompañarse con dicterios o diatribas. Menos con referencias escatológicas que simplemente son de mal gusto.

Tengo un buen y querido amigo chilango que por nuestros intercambios de información sigue con asiduidad los acontecimientos potosinos. Me llamó hace un par de días y simplemente me dijo “Salió corrientito tu gobernador, ¿verdad?”.

MANOTEO DIPUTADIL

El ingeniero Leopoldo Stevens Amaro parece haber hecho alianza con los constructores del fallido proyecto del Metrobús para apretarles las tuercas a otros funcionarios carreristas y a varios diputados de la pasada legislatura, esperando que también sean llamados a cuentas y le entren a la coperacha para reunir los veintitantos millones que les está reclamando la Fiscalía General del Estado.

Como comentamos aquí hace unas semanas, desde su arresto domiciliario Stevens Amaro ha insistido en que del dinero desviado él no se quedó con nada y que buena parte pasó a manos de diputados locales de diferentes partidos. Añade también enfáticamente que se prestó a las operaciones financieras que lo tienen privado de su libertad únicamente por atender instrucciones superiores.

Los contratistas de la obra, unos hermanos de apellido Menchaca, que en sus declaraciones iniciales involucraron a mucha gente y con eso obtuvieron gran benevolencia, al grado de haberse convertido en testigos y no en indiciados, recién ampliaron su testimonio y aportaron un dato interesante que ha servido a la Fiscalía para abrir una nueva línea de investigación.

Los veintitantos millones que consta en el expediente fueron desviados ilegalmente, salieron de las arcas estatales en varias partidas, de entre tres y medio y siete millones de pesos. Aunque ya existían testimonios y pruebas documentales (capturas de pantalla de diversos teléfonos celulares), la más reciente aportación de los Menchaca ha resultado muy sólida.

En síntesis el asunto está así: tanto los contratistas como Stevens Amaro han dicho, por separado, que gran parte del dinero se entregó a diputados para pagar sus votos a favor en asuntos que importaban al Ejecutivo. En respaldo a estas afirmaciones existen numerosas capturas de pantalla con mensajes electrónicos (principalmente de Whatsapp) “bajados” del ciberespacio, pero hacen necesaria su interpretación y vinculación con otros.

Recientemente los Menchaca añadieron un dato: el 25 de marzo del año pasado, el nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Itzel Argüelles Moreno fue objeto de 23 votaciones sin alcanzar los votos necesarios. Fue hasta cinco días después cuando mágicamente se tuvieron los sufragios suficientes y resultó designada por mayoría calificada.

Entre las pruebas disponibles en la Fiscalía, hay un intenso tráfico de mensajes electrónicos el día 25 en los que se habla de que mientras no depositen (el Ejecutivo vía Seduvop) los millones ofrecidos, la votación no sale. Cinco días más tarde, de una cuenta de la Seduvop (cuya documentación tiene en su poder la FGE), se diseminan algo así como tres y medio millones de pesos en las cuentas de algunos diputados, y en cosa de minutos el pleno legislativo elige a Giovanna.

Según nos dicen los que saben, esto va a facilitar a la Fiscalía estatal judicializar sus carpetas de investigación, en las que varios individuos que estaban como testigos irán ahora como acusados.

COMPRIMIDOS

Quienes no quieran incurrir en errores de apreciación, conviene tengan presente que quien hoy andará por estos andurriales no será el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón, sino otra de las “corcholatas” presidenciales en plena campaña. Aunque viene también invitado a un evento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, lo de más relevancia para los potosinos es lo de la nueva planta de BMW, cuya ubicación ya está decidido sea en Estados Unidos, misma que se tomó en Alemania, no aquí.

La que también nos visitará pero hacia inicios del próximo año es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y para muchos la “corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum, con quien ha sucedido algo muy interesante: desde hace semanas, por lo menos en dos ocasiones enviados suyos han estado en esta capital con mucha discreción, explorando la posibilidad de algún evento que justifique el viaje de la señora. Han dicho que lo mismo puede ser de corte académico, cultural, empresarial o de sociedad civil. Lo único muy categórico es que en ningún caso tenga algo que ver el gobierno del estado. Al costo.

Es probable que la agenda más saturada de cualquier personaje público de casa sea la del diputado federal Juan Manuel Navarro Muñiz, representante del segundo distrito. Luego de su paso por la Dirección de Obras Públicas en las administraciones de ambos señores Gallardo en Soledad (del 2009 al 2015) y de la Dirección de Desarrollo Social en esta capital con Gallardo Juárez (2015-2018), desde hace un año tiene el encargo extraoficial y semi clandestino de asignar las obras públicas ejecutadas por el gobierno de Gallardo Cardona. Es algo así como el Rey del Moche con Bulldozer. Él parte y reparte, aunque no se queda con la mayor parte. Esa va a otro lado.

Buen balazo en el pie se metió el INE con la encuesta propia que exhibe el muy alto respaldo popular a partes sustantivas del proyecto de reforma constitucional en materia electoral que impulsa su archienemigo. Sin embargo, en este asunto hay cuestiones con las que es imposible no estar de acuerdo: ¿Quiere usted que se le dé menos dinero a los partidos? ¿Qué los consejeros electorales los elija el pueblo -o sea usted- y no la oligarquía? ¿Qué esos mismos privilegiados ganen menos de los cinco millones de pesos anuales que hoy se embolsan?

Hasta el próximo jueves.