El día que la política potosina recupere inteligencia, imaginación, decencia y carácter, podremos emprender nuevamente proyectos de avanzada para mejorar las condiciones de nuestra vida en comunidad. Ese podría ser el caso del hoy desgastado, manoseado, obsoleto, corrompido y putrefacto método para integrar el Supremo Tribunal de Justicia con todo y su Consejo de la Judicatura, como cabeza del Poder Judicial del Estado encargado de impartir justicia.
Antes de continuar con el desarrollo de esta idea, es necesario reiterar y subrayar una cuestión: las oscuras negociaciones, mal disimulados chantajes y nefandos acuerdos que envuelven la elección de dos nuevos magistrados, la ratificación o no de otros nueve y de un integrante del Consejo de la Judicatura, no son para llevar a esas delicadas posiciones a los mejores, a los más calificados. No, nada de eso. Todo este aquelarre de intereses personalistas o facciosos tienden a objetivos totalmente opuestos: acomodar a los cuates, a los socios, a los brothers, a los canchanchanes. Eso es todo y, como diría Sabina, alrededor no hay nada.
Ya abrió el zoco árabe/tianguis de usado/prostíbulo fronterizo en cuyo seno se está negociando la instancia más elevada de nuestro aparato de impartir justicia, pero se ha abierto una breve tregua mientras transcurre la reunión aquí de la Conago con el presidente López Obrador, prevista para el próximo miércoles. Los impúdicos jaloneos regresarán apenas se estén recogiendo las sillas del evento. Esto nos ofrece un espacio para dejar momentáneamente de lado los desagradables jaloneos tianguistas y regateos prostibularios de marras, y hablar de lo que se puede hacer para proscribir de nuestra vida pública prácticas tan deleznables como esas.
Actualmente, conforme lo dispone la ley, para ser magistrado del STJE se requiere ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos; tener cuando menos 35 y no más de 73 años a la fecha de su nombramiento, contar con título profesional que tenga mínimo 10 años de antigüedad y acreditar ejercicio profesional en el mismo lapso; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por cierto tipo de delitos; haber residido en el estado durante los dos años previos al nombramiento, y no haber ocupado determinados cargos públicos.
Hay también una prescripción de hecho optativa: “Los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la profesión del derecho”.
El procedimiento de designación consiste en que el Gobernador envíe al Congreso del Estado una terna por cada vacante, para que dentro de ella los diputados elijan uno o una de sus integrantes por mayoría calificada. Si la legislatura rechaza la terna, el mandatario deberá enviar una nueva, y si otra vez el Pleno no elige a nadie, entonces el Ejecutivo designará a quien mejor le parezca dentro de los tres de la segunda fórmula.
Como es fácil observar, el gobernante potosino (e igual ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país) tiene un margen de maniobra muy amplio para hacer sus propuestas, a condición solamente de que no incumplan con los requisitos, que tampoco son muy difíciles que digamos, pero luego tiene que “negociar” con los diputados, particularmente con los de oposición, y ahí es donde se abre todo tipo de opciones: se convence con argumentos o se compra con dinero o por trueque de posiciones. Es decir, casi en automático se cae en prácticas corruptas.
IMAGINACIÓN E INICIATIVA
Hace algunos años propuse algo similar a lo que plantearé líneas adelante, pero era otro sexenio y vuelve a ser oportuno y pertinente ahora.
Lo primero, para suprimir las posibilidades de negociaciones gansteriles y las maniobras que permitan la cooptación de los futuros impartidores de justicia para luego cobrarles el favor, como las que hoy día están en curso, habría que optar por un proceso abierto: Convocatoria pública a los interesados, que deberían reunir los requisitos citados, añadiendo algunos más, como por ejemplo aprobar un completo examen de conocimientos, pasar pruebas antidoping y no presentar conflictos de intereses (como venir del ejercicio libre de la profesión y tener sujetos a proceso a varios clientes, en asuntos relevantes).
Para procesar las candidaturas presentadas y, llegado el momento, proponer al Congreso las ternas correspondientes, se integraría un comité multisectorial que con sus equilibrios internos impidiera la prevalencia de intereses oficiales, personales, facciosos o partidistas. Un organismo integrado, por ejemplo, con un representante del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo, uno más de la Universidad Autónoma, otro de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí y uno elegido por los organismos empresariales. Para llegar a siete, que me parece un numero suficiente para atender las diferentes tareas y deliberar ágilmente, podría incorporarse al decano de los magistrados federales que hay en la entidad y a un director de medios de comunicación definido por insaculación o sorteo. Este último es plan con maña: se me hace difícil imaginar a algún integrante del comité proponiendo transas o fraguando cochinadas en presencia de alguien que lo puede exhibir públicamente de inmediato. Todos a titulo honorario. Como en los buenos tiempos.
Ese comité estaría autorizado a solicitar el apoyo de las dependencias u organismos que fuera necesario para cumplir su encomienda. Por ejemplo, a instituciones de educación superior y al instituto de capacitación del STJE, para elaborar y calificar el examen de conocimientos; los laboratorios de la Secretaría de Salud para el antidoping, etcétera. No se trata de crear un organismo obeso. No sería permanente.
Las reformas legales necesarias para instaurar un mecanismo como éste, deberían incluir previsiones para el caso de que alguna de las ternas no consiguiera la aprobación del Congreso. Creo que funcionaría -para presionarlo un poco a que tome decisiones- que si después de equis numero de votaciones en una misma sesión no hay elegidos, la terna vuelve al comité y será éste el que también por mayoría calificada tome la resolución final. Por supuesto que se observaría el principio de equidad de género.
Antes de que alguien vaya a decirme que lo que estoy proponiendo es una especie de segundo órgano legislativo, le diré que algo bastante semejante se acaba de aplicar para designar cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. La experiencia fue incuestionablemente venturosa. Los electos y las electas lo fueron casi por unanimidad, se contuvieron intenciones aviesas como las de John Ackerman y en el INE las cosas caminan.
Obviamente, para las designaciones y ratificaciones que tenemos pendientes, ya no se puede hacer nada. Lo que salga de aquí a mediados de octubre va a ser producto muy dañado. No se le olvide, vendrá del zoco/tianguis/prostíbulo. Ni modo.
Pero tanto el Ejecutivo que encabeza Juan Manuel Carreras como la LXII Legislatura en funciones, tienen tiempo suficiente para trabajar, legislar y dejar instaurado un método de integración del Poder Judicial mejor, más sano, más confiable y menos propicio al pirataje, que se aplicaría en la siguiente vez que se haga necesario. Les falló el intento de dejar un buen legado con la reforma electoral, pero bien podrían recuperarse con este asunto.
Antes de irnos, un dato interesante: El muy insistente y rebuscado proyecto de asalto a las magistraturas que tiene o tenía como principal motor el amor fraterno, ya se descarriló. No obstante que hubo intentos muy sofisticados de disimular el origen y los verdaderos intereses que había detrás, la roca que cayó en las vías fue algo llamado “Cartera de Clientes”. Alguien llevó el listado al escritorio principal de Palacio y hubo espanto. Como bien dice Jorge Saldaña, sería como encargarle la bóveda del Banco de México a Gabo Salazar.
COMPRIMIDOS
La semana anterior dijimos que en el combate a la pandemia algo estábamos haciendo mal, habida cuenta de distintas cifras en cuanto a contagios por municipios y en el global estatal. Hay sin embargo otras cifras, que sin desmentir aquellas ofrecen una perspectiva menos desalentadora: El índice nacional de letalidad (número de muertes respecto a número de contagiados confirmados) es de 10.95, al martes pasado. El mismo indicador en la misma fecha a nivel estatal es de 6.36. Bastante menos. Por lo que hace al cálculo de defunciones por cada 100 mil habitantes, en el país es del orden de 40, mientras que aquí es de la mitad.
El semanario El Exprés publicó el domingo pasado un trabajo de Pepe Alemán muy ilustrativo. Entrevistó a los aspirantes a la candidatura gubernamental del PAN, sobre qué método de postulación preferirían. Las respuestas de Xavier Azuara, Marco Gama, Alejandro Boris Lozano y Octavio Pedroza no dejan lugar a dudas: ninguno de los métodos “puros” los satisface a ninguno de ellos, y todos se sentirían más cómodos con uno mixto que considere, ponderadamente, nivel de conocimiento y aceptación, trayectoria partidistas, resultados electorales y cosas por el estilo. Sonia Mendoza y Xavier Nava no fueron entrevistados y Rolando Hervert solo aparece con una respuesta en seis preguntas.
Las recientes reformas a los estatutos del PRI, que dan manga muy ancha a su presidente nacional en la toma de decisiones, debieron ser enviadas ayer al Instituto Nacional Electoral, para que las revise, coteje con la legislación aplicable y, según sea el caso, las apruebe o las rechace para su corrección. Entre los priistas enterados hay confianza en que la autoridad electoral les baje nivel de agandalle.
Leo que van para adelante los trabajos de la ciclovía en Carranza, de Uresti a Terrazas, y me regresa la idea de que se están ignorando datos clave: En esta ciudad ya hay más motocicletas que bicicletas. En cuanto a seguridad para los ciclistas ¿todo peligro desaparece en Terrazas? ¿O ahí se bajan de su bici y se la cargan en la espalda?
La inconveniencia de las sesiones presenciales por los peligros de contagio es la razón esgrimida para posponer dos semanas -hasta el jueves 27- la designación del nuevo Fiscal anticorrupción. No puede hacerse vía remota porque el voto tiene que ser mediante cédula. Más tiempo para las transas mercenarias.
Hasta el próximo jueves.