La depredación territorial y ambiental en territorio potosino ha caminado a ciencia y paciencia de las autoridades desde hace ya buen rato. Distintos gobiernos estatales y municipales han visto la tempestad y no se han hincado; por el contrario, se han regodeado en la corrupción y dejado crecer los problemas al extremo de hacer crisis tan graves como las que se han presentados los últimos días en las inmediaciones de la Sierra de San Miguelito, por ejemplo, donde ha quedado claro que se ha simulado una preocupación gubernamental para salvaguardar la zona cuando se limita a una parte territorial menor el decreto de protección.
Frente a la magnitud de la crisis, el gobierno estatal se decidió por lanzar la pelota a la cancha del gobierno federal y pedir al presidente AMLO, en su reciente visita a la entidad potosina, que interceda para lograr la ampliación de la protección en dicho espacio. Por fortuna, el gobierno federal cuenta ahora con un titular de la “Semarnat” con la vocación y preparación plenas para enfrentar los retos que implica el empuje de una política de Estado en materia ambiental de la que se ha carecido antes. El doctor Víctor Manuel Toledo es un destacado académico que ha seguido de cerca el desenvolvimiento de numerosos conflictos socio-ambientales en nuestro país.
El doctor Toledo se ha referido, desde hace tiempo, a la constante de impunidad e indolencia de personeros del Estado mexicano, en distintos niveles de (in)competencia, para atender los riesgos que conllevan los proyectos depredadores de la naturaleza y de la sociedad, configurando lo que se denomina “ecocidio” y que ha propiciado, a su vez, una respuesta social creciente y organizada para dar “la batalla por la vida”, toda vez que, hasta hace poco, de parte del Estado, quedaba claro que no se podría esperar mayor disposición para proteger, seriamente, la reproducción de la vida, salvo en el discurso demagógico y oficioso que hace juego a los intereses del capital.
Las consecuencias de todo este desdén gubernamental se traduce en la denominada “crisis civilizatoria” que, por lo demás, se ha visto agravada por múltiples impactos (en la naturaleza, la cultura, los territorios, los ambientes y los equilibrios de todos los seres vivos), gracias a un modelo de acumulación de capital que todo lo mercantiliza y destruye, pero que nuestras autoridades insisten en seguir con una fe ciega en las “bondades” del mercado que todo lo resuelve, así sea que, más bien, crezcan la desigualdad y la desinformación, abriendo así la vía a la resistencia, la organización y el empoderamiento de los ciudadanos, a lo que se ha denominado como “eco-política”.
Sin embargo, persisten salidas de personeros del Estado, por decir lo menos, controvertidas, sobre todo en el ámbito local, como es el caso de la entidad potosina, donde la “Segam”, como ya se ha comentado antes aquí, se ha visto rebasada por acontecimientos diversos que tienen que ver con la depredación ambiental porque su titular parece más preocupada por la suerte que podría seguir el Partido Verde, más que por actuar, con sentido de oportunidad, frente al cúmulo de problemas suscitados y que tienen que ver con su responsabilidad.
Y como para no variar, en el Congreso local ya se sabe que desde hace tiempo allí también hace aire. Una reciente propuesta surgida de ese ámbito de representación popular, relacionada con el problema medioambiental, plantea la desaparición del Cerro de San Pedro del escudo de la ciudad, alegando que ya no existe ese monte de orégano que daba identidad y se asume que eso serviría para mostrar la magnitud del daño ocasionado por la minera San Xavier que, antes, nunca mostró voluntad por reparar ese daño (dependiendo de qué se entienda por reparación en tales circunstancias) y ni modo de esperar que lo haga después del niño ahogado. En fin, de buenas intenciones puede estar empedrado el camino del infierno, pero el problema central persiste y es el desdén oficial que, sobre todo en el plano local, propicia que la sociedad siga a merced de la depredación territorial y ambiental.