En el siglo XVI, en medio de la guerra sostenida entre el emperador Carlos V y el rey de Francia Francisco I, este último, encabezando a su ejército en la batalla de Pavía, cometió un error táctico que culminó con su derrota y captura a manos de los españoles. Desde prisión, escribió a su madre: “Todo se ha perdido, menos el honor”.
¿Podrían decir los mismos los integrantes del gabinete de seguridad, luego del rotundo, pleno, absoluto y evidente fracaso ocurrido en la ciudad de Culiacán el pasado día diecisiete de octubre, tras la detención material y luego liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el chapo” Guzmán?
Me parece que se perdió todo, honor incluido.
El dieciséis de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República” emitido por el Senado de la República, en base a la propuesta de López. En este instrumento normativo se señala: “En el ámbito nacional se tiene ya un mando coordinado del Gabinete de Seguridad que es encabezado por el Presidente de la República; el Gabinete de Seguridad sesiona diariamente en Palacio Nacional y en él participan los Secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa, y se convoca con regularidad al Fiscal General de la República. […] El Presidente podrá delegar la coordinación en el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. […] En suma, el Gabinete de Seguridad es la instancia estratégica y de gestión de crisis. Su objetivo será garantizar la colaboración y perseverancia de todos los cuerpos de seguridad en el país, dotar de claridad a las reglas de convivencia y operación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en materia de seguridad, observar los debidos protocolos sobre el uso de la fuerza, garantizar el respeto a los derechos humanos y establecer diariamente las respuestas ejecutivas a los problemas que se presenten. […] La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene las funciones de coordinar al gabinete de Seguridad, planificar las políticas públicas de seguridad y paz, actuar como representación del Presidente de la República en las sesiones de la Coordinación Nacional cuando el Jefe de Estado se encuentre ausente, elaborar la normatividad respectiva verificar su cumplimiento, vincular y articular a las autoridades federales con las estatales y municipales, atender demandas de contención de conflictos sociales y operar los sistemas nacionales de Protección Civil y Penitenciario”.
Lo anterior podemos traducirlo de la siguiente manera: todas las culpas por el fracaso apuntan a Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien, al día siguiente de la derrota, escuché decir sandeces como que, al ejecutar la detención, no contaban aun con la orden de aprehensión que justificara el operativo, no obstante que el pedido de extradición que le da origen se formuló por los Estados Unidos desde septiembre del año pasado; que implementaron las acciones con un total de 35 elementos de seguridad (en 2009, para aprehender a Arturo Beltrán Leyva se usaron 200 elementos, vehículos blindados y helicópteros), sobreestimando las capacidades para el operativo de detención, al igual que los riesgos lo que derivó en los hechos de Culiacán, reconociendo la carencia de información y sin estimar necesario poner a consideración del gabinete de seguridad el operativo, suponiéndolo como algo de rutina.
No sé qué fue peor, si los hechos o la explicación del Secretario Alfonso Durazo.
Corren rumores, lo que parece además inferirse de las palabras de Durazo, que el ejército y la marina no fueron partícipes de las acciones sino hasta que ya las cosas estaban francamente mal. Esa es, tal vez, la única explicación del por qué no se vieron acciones tácticas y una planificación estratégica propia de profesionales. ¿Cuántas humillaciones más tolerarán los militares, por las pésimas decisiones del actual gobierno? Culiacán no es la primera, esperemos que sea la última.
Dijo Napoleón Bonaparte: “Un plan de guerra debe prever todo lo que el enemigo puede hacer y contener los medios para impedírselos”.
En medio del desastre, tomar la decisión de liberar al detenido, puede aceptarse como una buena medida, en base a la evolución de los acontecimientos y el fracaso evidente de la planeación; sin embargo es injustificable, intolerable e imperdonable la forma como se llegó a esa coyuntura. El plan de Durazo aparentemente pasaba más por el “fuchi”, el “guácala” y la denuncia materna que por algún otro lado.
Cerramos con otra frase de Bonaparte: “En la guerra como en la política, el momento perdido no regresa jamás”.
@jchessal