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Dos agentes del Ministerio Público de la entonces PGJE (ahora FGE) extraviaron la averiguación previa de un accidente automovilístico, donde resultaron afectadas seis personas, suscitado en diciembre de 2014, cuya indagatoria a casi cinco años de iniciarse todavía no tiene una resolución, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Dicha negligencia institucional es la segunda documentada en los últimos dos años por la CEDH, pues en la Recomendación General No. 01/2018, se reveló que Agentes del Ministerio Público perdieron el expediente original de la desaparición de un autobús de la línea Pirasol con 29 pasajeros en 2010, que partió del municipio de Xilitla con dirección al municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.
Derivado de los hechos descritos, la CEDH emitió la Recomendación No. 28/2019 a Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Etapa (FGE).
Según los datos radicados en el expediente 2VQU-0379/2016, el incidente se registró el 6 de diciembre de 2014, donde resultaron lesionadas seis personas en la Región Huasteca, y por las consecuencias de las lesiones un hombre falleció el 28 de diciembre de 2014 en el IMSS No. 21, en Monterrey, Nievo León.
El 8 de diciembre de 2014, el Agente del Ministerio Público de la Mesa I Especializado para Hechos de Tránsito Terrestre, dio por recibida hoja de campo, donde hizo constar la entrevista con una de las personas lesionadas, quien presentó querella por el delito de lesiones, en contra de quien o quienes resulten responsables.
En la investigación, el organismo autónomo local, acotó que la diligencia carecía de firmas de los servidores públicos que intervinieron, así como faltaba la hoja de campo a la que se hace alusión.
Derivado del retraso en la investigación, uno de los familiares solicitó copias certificadas de todo lo actuado en la averiguación previa, y fue hasta el 23 de octubre de 2016 que el citado agente respondió “no ha lugar acordar lo solicitado”, pues al realizarse una búsqueda en el archivo de esa Fiscalía Investigadora, no se logró la localización de la misma.
Casi un año después, el 18 de septiembre de 2017 el citado agente le notificó que, con motivo del extravío de la averiguación previa, se ordenó la reposición de la indagatoria penal, la cual quedó radicada bajo un nuevo número.
La CEDH detalló que el 15 de octubre de 2018, realizó inspección de la nueva Averiguación Previa y observó que posterior al 15 de febrero de 2018, no existían constancias del desahogó de diligencias para su debida integración.
En el seguimiento de la misma, precisó que en una nueva visita el 15 de octubre de 2019, observó que posterior al 15 de febrero de 2018, no existían constancias del desahogo de la investigación.
Previo a ello, el 9 de octubre de 2019, la FGE reveló que uno de los agentes del Ministerio Público que estuvo a cargo de la indagatoria había fallecido.
“Se acreditó que, por la pérdida del expediente de investigación penal, al haber transcurrido 4 años 11 meses de los hechos que dieron origen el inició de la averiguación previa original, no se ha emitido resolución en la nueva averiguación previa que se inició como reposición de autos, debido a que se continúa con la integración y reposición de diligencias que ya se habían desahogado con anterioridad”, sentenció la Recomendación.
En conclusión, la CEDH recomendó a Garza Herrera: colaborar en la inscripción de cinco personas en el Registro Estatal de Víctimas; investigar con diligencia la nueva averiguación; investigar con celeridad la carpeta de investigación iniciada en contra de los dos agentes inmiscuidos.
Además, colaborar en la elaboración del expediente de investigación hacia los dos funcionarios referidos; y capacitar sobre el plazo razonable, nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, investigación efectiva y derecho a la verdad, así como sobre las medidas de protección que deben otorgarse para evitar la dilación u omisiones en la integración de las averiguaciones previas.
