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A dos años y cinco meses después de que la anterior administración de la Auditoría Superior del Estado (ASE) destinara 600 mil pesos para su famosa “fiesta fantasma”, un juez de control indicó que veía en el asunto indicios razonables de la existencia de delito y en la audiencia celebrada ayer, resolvió vincular a proceso al ex titular de la dependencia y otros cuatro imputados en el caso.
El juez otorgó al Ministerio Público un plazo de 5 a 6 meses para el desahogo de la investigación complementaria.
Además del ex titular de la ASE, el ex contralor interno, el ex encargado de la Unidad de Transparencia y el proveedor de servicios estarán sometidos a investigación en un plazo de cinco meses, mientras que en el caso de la coordinadora de finanzas y servicios la investigación será de seis meses.
Al emitir la resolución correspondiente, el juez de control consideró que existen indicios razonables para establecer la existencia del delito. Solicitó además que la investigación se realice de forma objetiva, exhaustiva y profesional.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados advirtió que no existían condiciones para que se inculpara a los señalados del delito de peculado, pues la Fiscalía no había demostrado documentos que acreditaran dicha conducta.
Tras dar a conocer los argumentos, la defensa solicitó no vincular a proceso a los inculpados, en el caso específico de la defensa del ex titular de la ASE, este aseguró que no existían pruebas de que su defendido hubiera distraído el recurso en cuestión.
En el caso del abogado del ex auditor, éste reconoció que su defendido sí participó en la sesión del 16 de diciembre del 2016 en la que se autorizó el recurso que sería ejecutado en la organización de la fiesta, sin embargo, lo deslindó de la ejecución del dinero y del fin que tuvieron los recursos públicos.
