Aprueba Congreso del Estado la Ley de Juntas de Participación Ciudadana

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad de 26 votos a favor, el Decreto por el que se expide la Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí.

Con ello se fortalece la ciudadanización de las juntas, estableciéndolas como un mecanismo de participación y comunicación entre los ciudadanos y los gobiernos, para fomentar y defender el involucramiento de la ciudadanía en la vida pública. Se establece que las Juntas de Participación Ciudadana son organismos de representación ciudadana con personalidad jurídica y con capacidad de establecer acuerdos y convenios para fomentar y defender la participación ciudadana y para promover la vinculación de las autoridades con la ciudadanía.

Con esta nueva legislación se apertura la participación y el empoderamiento de la ciudadanía, al reconocer su derecho a participar y regular un organismo diseñado para servir como intermediario entre las demandas de los habitantes y los ayuntamientos, además de dar paso al proceso de inclusión de la ciudadanía en la acción pública.

Se reformaron los artículos 102 y 103; se adicionaron cinco párrafos al artículo 101, como tercero a séptimo; se derogaron los artículos, 101 BIS, 102 BIS y 102 TER de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y se reformó el artículo 68 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Para la elección de las juntas participación del proceso electivo 2021-2024, los ayuntamientos correspondientes y el Consejo Estatal Electoral y de Participación (CEEPAC) tendrán como plazo para emitir la convocatoria del 1 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, para la integración total de las Juntas por única ocasión.

También se aprobó por unanimidad de 26 votos a favor la reforma al artículo 6° de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, con el fin de fortalecer la política de desarrollo económico y alinear los esfuerzos que despliega el Ejecutivo estatal con las demás agencias públicas y con los sectores privado y social, en la materia.

En este sentido, se establece que “la política para el desarrollo económico y la competitividad del estado, así como el Programa General de Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad, tendrán una visión de largo plazo, ponderando los objetivos, lineamientos y estrategias establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, y se constituirán dentro de las disposiciones y principios de orden ambiental, laboral, y social, así como de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y los instrumentos internacionales”.

Esta reforma busca alcanzar la competitividad y el crecimiento económicos, mediante un mecanismo de planeación estratégica y una ruta de acción bien definida y que ese derrotero tenga una perspectiva de largo aliento.