Compras “chuecas”en el H. Central

El Hospital Central Ignacio Morones Prieto (HC) realizó tratos con dos proveedores para adquirir medicamentos pese a que recibió avisos previos de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de que Comercializadora y Proveedora Alston y el particular Rubén Sosa González estaban involucrados en la venta de medicamentos falsificados y otras anomalías. 

Un reporte de la Secretaría de Salud, fechado el 1 de septiembre descubrió una transacción con medicina apócrifa que no era conocida públicamente. Se trata del antibiótico Meropenem, adquirido a tres empresas en julio de 2019 que, además de falsificación, incurrieron en otras anomalías, como uso de licencias inexistentes y el esquema de empresa fantasma.

Esta indagatoria se suma a los casos de falsificación y adulteración de los fármacos oncológicos Mabhtera, Cardioxane y Herceptín, ya conocidos previamente.

El reporte describe el avance de las indagatorias de las operaciones que ya eran de dominio público. La primera, que involucra al Mabhtera, inició el 10 de agosto de 2018 y concluyó en diciembre de ese año. 

Luego, entre el 29 de noviembre de 2019 y el 21 de febrero de 2019 se registró al segunda, sobre el Cardioxane.

En las operaciones salió a relucir que una de las empresas vendedoras del producto fue Comercializadora y Proveedora Alston, en ambos casos la Coepris informó del resultado de las investigaciones al HC, incluyendo que se comprobó la falsificación de los fármacos adquiridos, para que hiciera la denuncia correspondiente. La propia Coepris denunció el ilícito ante la entonces Procuraduría General de la República.   

Reincidentes

Sin embargo, en julio de 2019, un laboratorio de la UASLP detectó inconsistencias en otra medicina, el antibiótico Meropenem y alertó al HC, lo que desató una nueva indagatoria.

Se descubrió entonces que la medicina fue adquirida a tres operadores, sobre los cuales, la Coepris concluyó que hubo una nueva falsificación.

Uno de ellos pese a que varios meses atrás ya se había comprobado la venta de medicina falsa y a haber sido denunciada en la PGR, Comercializadora y Distribuidora Alston.

Al investigarla por segunda vez, la Coepris detectó que el Central no tenía un expediente que asegurara que la compra se había hecho con proveedores establecidos, que no se encontró indicio de la licencia sanitaria ni del aviso de funcionamiento como proveedor y que, ante la inexistencia del registro sanitario del fármaco en los archivos de la Cofepris, “se presume que se trata de un medicamento falsificado”.

De un segundo proveedor, Julio Rubén Sosa González, se descubre que no existe licencia sanitaria estatal, mientras que la autorización federal que presentó, no corresponde a la numeración generada para San Luis.

Además, al visitar el domicilio que presenta dicha licencia, la Coepris indicó que se trataba de un domicilio particular, en el que desconocieron a Sosa González.

Al igual que Alston, el documento revela que desde mayo de 2019, “ya se le había notificado (al HC) que dicho proveedor no contaba con autorización sanitaria ni licencia para comercio al por mayor de medicamentos”. La Coepris establece la presunción de Sosa González “no es un proveedor legalmente establecido”.

Domicilios falsos

 La otra proveedora del Meropenem apócrifo al HC era la Comercializadora GG, de la que la Coepris descubrió que tenía un aviso de funcionamiento con un domicilio ubicado en Hidalgo, bajo la razón social de una particular, Grecia Marian Azuara Orta y presentaba un domicilio fiscal en el local 7 del 120 de la avenida Salvador Nava, en Lomas primera sección de esta Capital. 

Pero las facturas aparecían con un tercer domicilio, ubicado en Himalaya 639, del mismo fraccionamiento.

En ninguno de los domicilios “existe un almacén o distribuidor de medicamentos”.

La Coepris también descubrió que Azuara Orta se ostenta como responsable sanitario de la empresa en el aviso de funcionamiento, pero no comprueba que tenga un título o cédula profesional que respalde ese cargo, lo que es irregular, señala.  

“Derivado de las inconsistencias antes descritas carece de confiabilidad como proveedor”, juzga la Coepris.