Congreso le retira guardia al fiscal anticorrupción

También aprueban quitar custodia al coordinador de justicia juvenil

Congreso le retira guardia al fiscal anticorrupción

El Congreso del Estado aprobó dejar sin su guardia policiaca al fiscal anticorrupción y al coordinador de Justicia Penal para Adolescentes, así como también suspender la extensión de un año  que mantenía la protección policiaca a los ex funcionarios.

El Pleno aprobó el pasado viernes un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para reformar el artículo 35 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que norma los cargos públicos a los que las autoridades de seguridad pública del Estado deben brindar protección policiaca.

Los funcionarios a los que se les concedía esa prestación eran el gobernador, el secretario General de Gobierno, el fiscal General del Estado, el secretario de Seguridad Pública, el director general de Seguridad Pública del Estado, el director de Prevención y Reinserción Social, el director de la Policía investigadora del Estado, el fiscal especializado en delitos relacionados con Hechos de Corrupción y el coordinador especializado en Justicia Penal para Adolescentes.

La reforma excluye a estos dos últimos cargos del beneficio de protección policiaca.

Además, anula la excepción de otorgar una ampliación de un año de vigilancia más allá de la duración del cargo de ciertos funcionarios.

Una tercera modificación es la prohibición de comisionar o desviar recursos humanos, materiales y armas a labores de custodia para beneficiar a personal ajeno a la lista, salvo mandato judicial.

En su argumentación, los diputados de la comisión indicaron que la iniciativa busca prohibir expresamente el desvío de recursos humanos de seguridad pública "que discrecionalmente son comisionados para efectuar actividades de escolta, que en ocasiones derivan en servicios de choferes, mensajeros, asistentes y servidumbre para realizar labores personales de los funcionarios, desvirtuando totalmente su tarea primordial".

Además, señalan que se buscaron las posturas de las áreas jurídicas del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, sin que hubiera respuesta de ambas dependencias.