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En el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2016, nueve mujeres potosinas fueron formalmente denunciadas por aborto, de las cuales tres fueron a juicio y terminaron sentenciadas, además de que 21 mujeres sufrieron prisión preventiva por el mismo delito.
Lo anterior, de acuerdo a Karen Luna, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), participante en el Foro de Maternidades Libres - Mujeres Autónomas, organizado hoy por el Congreso del Estado.
Explicó que de acuerdo a los datos que su organización ha logrado recabar, la mayoría de mujeres penalizadas por aborto son de origen indígena, muy jóvenes, de condición económica precaria e inmersas en contextos de violencia familiar y/o social.
"No significa esto que las mujeres de otros estratos sociales, incluso altos, no aborten, sino que quizás tienen mayores posibilidades de hacerlo en forma discreta y en clínicas que cuentan con toda la asistencia médica", aclaró la activista social.
Criticó que en la despenalización del aborto no se ha avanzado mucho en el país, pues la Ciudad de México es la única localidad donde se permite la intervención hasta la décimo segunda semana de embarazo.
Lamentó que en todos los casos de juicio conocidos, los magistrados dicten sentencia sin apoyarse en más pruebas que la propia confesión de las mujeres a cambio de obtener atención medica urgente.
Concluyó diciendo que, para San Luis Potosí, se busca la misma despenalización que ya está vigente en la capital del país.
