A-AA+
El reporte diferente Patético inicio
Para la magnitud enorme del mal uso y despojo que perpetraron los diputados de la saliente Legislatura con la partida de Gestoría Institucional, quizá resulte mínimo el resultado de la revisión que hizo la Auditoría Superior del Estado al manejo de los recursos legislativos durante 2017.
En 72 casos, la ASE revisó el ejercicio de 1.1 millones de pesos, apenas una fracción de los 16.4 millones de pesos que gastó el Congreso en los controvertidos apoyos. Si se suman los 12.4 millones ejercidos en 2016, la suma total de la partida de Gestoría Institucional erogada por los diputados es de 28.8 millones de pesos.
Pero apenas en esa fracción de gasto revisada, se confirmó lo que reportes de medios de comunicación y organizaciones civiles han venido pregonando: que los legisladores han desviado esos recursos usando una tramposa estrategia.
De esos 72 casos de presuntos beneficiarios, sólo 26 confirmaron haber recibido los apoyos. 30 lo negaron y 16 no fueron localizados.
Por esta situación, los diputados se vieron obligados a devolver 501 mil pesos. Los sorprendieron desviando medio millón de pesos y fueron obligados a devolverlos. Eso fue lo que ocurrió.
Peor aún, de otros 414 mil pesos simplemente no aparecieron. Aquí hubo desvío, pero no devolución.
También se confirmó el uso de empresas “fantasma” como proveedores de la nebulosa ayuda 45 empresas de 68 revisadas no fueron localizadas. Una de ellas, está boletinada por el SAT.
Y luego está el abanico de trapacerías que ya se conocían: la firma de recibido de cheques ajenos al trámite, la falta de identificaciones, los domicilios inventados, estudios socioeconómicos sin autor y otras más.
Si todas estas estratagemas ya se conocían, ¿cuál es la diferencia del informe final de la ASF?
El documento quizá no es tan extenso o tan profundo como los trabajos de Ciudadanos Observando o tan actual como los reportes periodísticos sobre el tema, pero en esta ocasión, es una autoridad la que lo emite.
Y como tal, tiene atribuciones para sancionar. De hecho, la ASE las utiliza al pedir al órgano controlador del Congreso que empiece a investigar las anomalías y las sancione, si se amerita, a los responsables.
¿Se abre una puerta, desde las mismas instituciones, para castigar a los diputados por el exceso cometido con la partida de Gestoría Institucional?
Es cierto, hay denuncias ante la Fiscalía General, que tendrán que ser decididas por jueces, pero sus impulsores son ciudadanos.
La quizá esté ante la gran oportunidad de dignificarse, tras un lamentable pasado, si empuja lo suficiente como para que los responsables de este desvío sean sancionados.
El Sistema Estatal Anticorrupción sigue dando tumbos. Lo de la sesión de ayer, dicen quienes asistieron daba pena ajena. Ciudadanos peleando por el liderazgo en plena sesión y desconocimiento amplio del protocolo de la sesión de un organismo tan importante como el Comité Coordinador del SEA.
Así, no se ve cuándo pueda despegar la lucha contra la corrupción en San Luis.
¡HASTA MAÑANA!
Para la magnitud enorme del mal uso y despojo que perpetraron los diputados de la saliente Legislatura con la partida de Gestoría Institucional, quizá resulte mínimo el resultado de la revisión que hizo la Auditoría Superior del Estado al manejo de los recursos legislativos durante 2017.
En 72 casos, la ASE revisó el ejercicio de 1.1 millones de pesos, apenas una fracción de los 16.4 millones de pesos que gastó el Congreso en los controvertidos apoyos. Si se suman los 12.4 millones ejercidos en 2016, la suma total de la partida de Gestoría Institucional erogada por los diputados es de 28.8 millones de pesos.
Pero apenas en esa fracción de gasto revisada, se confirmó lo que reportes de medios de comunicación y organizaciones civiles han venido pregonando: que los legisladores han desviado esos recursos usando una tramposa estrategia.
De esos 72 casos de presuntos beneficiarios, sólo 26 confirmaron haber recibido los apoyos. 30 lo negaron y 16 no fueron localizados.
Por esta situación, los diputados se vieron obligados a devolver 501 mil pesos. Los sorprendieron desviando medio millón de pesos y fueron obligados a devolverlos. Eso fue lo que ocurrió.
Peor aún, de otros 414 mil pesos simplemente no aparecieron. Aquí hubo desvío, pero no devolución.
También se confirmó el uso de empresas “fantasma” como proveedores de la nebulosa ayuda 45 empresas de 68 revisadas no fueron localizadas. Una de ellas, está boletinada por el SAT.
Y luego está el abanico de trapacerías que ya se conocían: la firma de recibido de cheques ajenos al trámite, la falta de identificaciones, los domicilios inventados, estudios socioeconómicos sin autor y otras más.
Si todas estas estratagemas ya se conocían, ¿cuál es la diferencia del informe final de la ASF?
El documento quizá no es tan extenso o tan profundo como los trabajos de Ciudadanos Observando o tan actual como los reportes periodísticos sobre el tema, pero en esta ocasión, es una autoridad la que lo emite.
Y como tal, tiene atribuciones para sancionar. De hecho, la ASE las utiliza al pedir al órgano controlador del Congreso que empiece a investigar las anomalías y las sancione, si se amerita, a los responsables.
¿Se abre una puerta, desde las mismas instituciones, para castigar a los diputados por el exceso cometido con la partida de Gestoría Institucional?
Es cierto, hay denuncias ante la Fiscalía General, que tendrán que ser decididas por jueces, pero sus impulsores son ciudadanos.
La quizá esté ante la gran oportunidad de dignificarse, tras un lamentable pasado, si empuja lo suficiente como para que los responsables de este desvío sean sancionados.
El Sistema Estatal Anticorrupción sigue dando tumbos. Lo de la sesión de ayer, dicen quienes asistieron daba pena ajena. Ciudadanos peleando por el liderazgo en plena sesión y desconocimiento amplio del protocolo de la sesión de un organismo tan importante como el Comité Coordinador del SEA.
Así, no se ve cuándo pueda despegar la lucha contra la corrupción en San Luis.
¡HASTA MAÑANA!
