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Derroche imparable
Explicación parcial
Traían prisa los diputados locales por gastar todo lo que pudieran de la partida de gestoría institucional, pese a que se había mencionado en el Congreso que ese dinero se había quemado desde noviembre pasado.
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Más de cuatro millones de pesos entregados en cheques en 22 días a través de casi un centenar de ellos. En siete, la cifra es de casi 150 mil pesos. En total, nueve fueron girados por más de cien mil pesos. Es decir, que en nueve “apoyos”, se fueron casi un millón y cuarto de pesos.
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¿Por qué esa velocidad en el gasto? Las sospechas se ven reforzadas por las irregularidades que han rodeado este gasto discrecional de los diputados: proveedores seleccionados, sin historial comercial consultable en la red, y de una extraña versatilidad, que lo mismo venden tamales que cemento, dulces y electrodomésticos.
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Esta administración ha explotado hasta el último centavo a la partida. No sería mala idea ofrecerle el voto a aquellos de quienes aspiran a sustituir a esta derrochadora Legislatura que se comprometan a terminar con este gasto tan ilegal como discrecional.
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La alcaldía capitalina y los seguidores del alcalde Ricardo Gallardo Cardona se apresuran a dar por refutados, con la carta hecha pública este fin de semana, a los señalamientos de la información de Proceso sobre el rápido crecimiento de la fortuna inmobiliaria del clan.
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Pero ese apuro por declarar totalmente aclarados todos los puntos dudosos expuestos por el semanario pasa por alto que, por el contrario, si la hay, la justificación es parcial, pues no cubre todos los huecos.
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En esencia, las pruebas documentales que el alcalde capitalino envía a Proceso para contestar el reportaje son sus declaraciones fiscales y patrimoniales entre 2007 y 2009, para demostrar que la empresa desde la cual creció toda su fortuna no estaba endeudada.
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El punto central de la información, la apresurada compra de propiedades inmobiliarias y el origen de los recursos para hacerlo, ha tenido una explicación verbal, la de que las propiedades son fruto de su trabajo, pero no documental, como en el caso de la presunta deuda. Sobre ese punto en particular, no hay nada, al menos no en la misiva a Proceso dada a conocer en su número más reciente.
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Dar a conocer esos datos es absoluta decisión del presidente municipal. Al no ser requeridos por una autoridad superior o judicial, sino ser materia de un debate mediático, no está obligado a explicar cómo él y su hijo reunieron la cantidad de dinero necesaria para adquirir tres millones de metros cuadrados de propiedades.
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Al menos en el aspecto legal. En el político y de imagen, la decisión de no hacerlo implica el costo de seguir manteniendo las suspicacias sobre su fortuna.
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La prisa que hay por considerar aclarado el asunto, enterrada la polémica e infundadas las dudas, sin embargo, hacen creer que el alcalde no va a dar ese paso.
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Las polémicas políticas y electorales están subiendo de tono, pero no pueden esconder el desastre de inseguridad que persiste. Ocho personas han muerto este fin de semana de manera violenta. No hay freno al impulso que la ola delictiva tiene desde el año pasado.
¡HASTA MAÑANA!
Explicación parcial
Traían prisa los diputados locales por gastar todo lo que pudieran de la partida de gestoría institucional, pese a que se había mencionado en el Congreso que ese dinero se había quemado desde noviembre pasado.
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Más de cuatro millones de pesos entregados en cheques en 22 días a través de casi un centenar de ellos. En siete, la cifra es de casi 150 mil pesos. En total, nueve fueron girados por más de cien mil pesos. Es decir, que en nueve “apoyos”, se fueron casi un millón y cuarto de pesos.
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¿Por qué esa velocidad en el gasto? Las sospechas se ven reforzadas por las irregularidades que han rodeado este gasto discrecional de los diputados: proveedores seleccionados, sin historial comercial consultable en la red, y de una extraña versatilidad, que lo mismo venden tamales que cemento, dulces y electrodomésticos.
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Esta administración ha explotado hasta el último centavo a la partida. No sería mala idea ofrecerle el voto a aquellos de quienes aspiran a sustituir a esta derrochadora Legislatura que se comprometan a terminar con este gasto tan ilegal como discrecional.
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La alcaldía capitalina y los seguidores del alcalde Ricardo Gallardo Cardona se apresuran a dar por refutados, con la carta hecha pública este fin de semana, a los señalamientos de la información de Proceso sobre el rápido crecimiento de la fortuna inmobiliaria del clan.
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Pero ese apuro por declarar totalmente aclarados todos los puntos dudosos expuestos por el semanario pasa por alto que, por el contrario, si la hay, la justificación es parcial, pues no cubre todos los huecos.
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En esencia, las pruebas documentales que el alcalde capitalino envía a Proceso para contestar el reportaje son sus declaraciones fiscales y patrimoniales entre 2007 y 2009, para demostrar que la empresa desde la cual creció toda su fortuna no estaba endeudada.
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El punto central de la información, la apresurada compra de propiedades inmobiliarias y el origen de los recursos para hacerlo, ha tenido una explicación verbal, la de que las propiedades son fruto de su trabajo, pero no documental, como en el caso de la presunta deuda. Sobre ese punto en particular, no hay nada, al menos no en la misiva a Proceso dada a conocer en su número más reciente.
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Dar a conocer esos datos es absoluta decisión del presidente municipal. Al no ser requeridos por una autoridad superior o judicial, sino ser materia de un debate mediático, no está obligado a explicar cómo él y su hijo reunieron la cantidad de dinero necesaria para adquirir tres millones de metros cuadrados de propiedades.
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Al menos en el aspecto legal. En el político y de imagen, la decisión de no hacerlo implica el costo de seguir manteniendo las suspicacias sobre su fortuna.
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La prisa que hay por considerar aclarado el asunto, enterrada la polémica e infundadas las dudas, sin embargo, hacen creer que el alcalde no va a dar ese paso.
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Las polémicas políticas y electorales están subiendo de tono, pero no pueden esconder el desastre de inseguridad que persiste. Ocho personas han muerto este fin de semana de manera violenta. No hay freno al impulso que la ola delictiva tiene desde el año pasado.
¡HASTA MAÑANA!
