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Para peor Otro revés
La frase “Todo pasado fue mejor” tiene sentido en San Luis Potosí cuando se habla de seguridad. Eso revelan las estadísticas sobre homicidios que reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática sobre los homicidios registrados en las últimas dos décadas y siete años en la entidad.
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El entramado de cifras dibuja un dramático mapa sobre el avance de la delincuencia organizada en San Luis Potosí que, contra lo que se cree usualmente, no empezó en el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga, sino desde el priista Fernando Silva Nieto.
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Entre 1990 y 1993, pese a la turbulencia política de los interinatos priistas, la cuenta de homicidios quedó en 942 asesinatos.
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En los años de Horacio Sánchez Unzueta en Palacio, se contabilizaron 854.
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Las cosas se ponen mal a partir de 1997, cuando Silva Nieto asumió el poder, y hasta el final de su gobierno, se contabilizaron mil 409 homicidios.
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Al contador panista, al que se le señala, por acción u omisión, haber abierto la puerta a la delincuencia organizada a la entidad, le corresponden 983 asesinatos.
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La barbarie se desató con Fernando Toranzo Fernández, en cuyo sexenio se registraron dos mil 019 muertes violentas.
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Los dos años que le corresponden a Juan Manuel Carreras no hacen pensar en un futuro halagador. En un bienio, la suma registrada, 835, se acerca mucho al total de los seis años del panista De los Santos Fraga. Es muy probable que con las muertes violentas acumuladas este 2018, ya lo haya rebasado.
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En lo global, sin embargo, la conclusión es clara: las autoridades estatales no sólo no han podido acercar a la entidad a una situación de normalidad, sino que ésta, en materia de asesinatos, ha empeorado. Eso se ve en las estadísticas, y en la realidad.
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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sostenía un litigio con la alcaldía capitalina debido al peculiar modo en el que elegía a los contratistas de obras públicas: realizaba los concursos de licitación en todas sus fases… sólo para declarar desierta la licitación.
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Con ello, cumplía con la normatividad, y al mismo tiempo garantizaba la posibilidad de asignar el contrato a su contentillo.
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Así lo hizo en el caso del paso a desnivel de El Saucito, una obra que, además, ha sido repudiada por una parte de la población del tradicional barrio.
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Ayer, esta estrategia recibió un duro golpe de la Secretaría de la Función Pública pues, de acuerdo a la CMIC, echó para atrás esa asignación de contratos y ordenó reponer el procedimiento.
De confirmarse oficialmente el asunto, la decisión bien podría aplicar para las otras licitaciones que se hayan realizado de la misma manera.
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El asunto, con el relevo administrativo tan cerca, podría dejar fuera del alcance del gallardismo la resolución de las licitaciones. Más aún, la derrota electoral dejaría en total libertad al gobierno navista de esculcar a su antojo en los expedientes.
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¿Y los resultados de las revisiuones realizadas por la Auditoría Superior del Estado a las polémicas operaciones de los diputados con los fondos de Gestoría Institucional? Más vale que la auditora se apresure a dar a conocer los resultados. La tardanza sólo alimentaría las especulaciones de que se trata de tiempo ganado para el maquillaje de las oscuras operaciones de falisficación de facturas y hasta de beneficiarios.
La frase “Todo pasado fue mejor” tiene sentido en San Luis Potosí cuando se habla de seguridad. Eso revelan las estadísticas sobre homicidios que reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática sobre los homicidios registrados en las últimas dos décadas y siete años en la entidad.
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El entramado de cifras dibuja un dramático mapa sobre el avance de la delincuencia organizada en San Luis Potosí que, contra lo que se cree usualmente, no empezó en el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga, sino desde el priista Fernando Silva Nieto.
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Entre 1990 y 1993, pese a la turbulencia política de los interinatos priistas, la cuenta de homicidios quedó en 942 asesinatos.
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En los años de Horacio Sánchez Unzueta en Palacio, se contabilizaron 854.
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Las cosas se ponen mal a partir de 1997, cuando Silva Nieto asumió el poder, y hasta el final de su gobierno, se contabilizaron mil 409 homicidios.
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Al contador panista, al que se le señala, por acción u omisión, haber abierto la puerta a la delincuencia organizada a la entidad, le corresponden 983 asesinatos.
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La barbarie se desató con Fernando Toranzo Fernández, en cuyo sexenio se registraron dos mil 019 muertes violentas.
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Los dos años que le corresponden a Juan Manuel Carreras no hacen pensar en un futuro halagador. En un bienio, la suma registrada, 835, se acerca mucho al total de los seis años del panista De los Santos Fraga. Es muy probable que con las muertes violentas acumuladas este 2018, ya lo haya rebasado.
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En lo global, sin embargo, la conclusión es clara: las autoridades estatales no sólo no han podido acercar a la entidad a una situación de normalidad, sino que ésta, en materia de asesinatos, ha empeorado. Eso se ve en las estadísticas, y en la realidad.
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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sostenía un litigio con la alcaldía capitalina debido al peculiar modo en el que elegía a los contratistas de obras públicas: realizaba los concursos de licitación en todas sus fases… sólo para declarar desierta la licitación.
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Con ello, cumplía con la normatividad, y al mismo tiempo garantizaba la posibilidad de asignar el contrato a su contentillo.
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Así lo hizo en el caso del paso a desnivel de El Saucito, una obra que, además, ha sido repudiada por una parte de la población del tradicional barrio.
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Ayer, esta estrategia recibió un duro golpe de la Secretaría de la Función Pública pues, de acuerdo a la CMIC, echó para atrás esa asignación de contratos y ordenó reponer el procedimiento.
De confirmarse oficialmente el asunto, la decisión bien podría aplicar para las otras licitaciones que se hayan realizado de la misma manera.
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El asunto, con el relevo administrativo tan cerca, podría dejar fuera del alcance del gallardismo la resolución de las licitaciones. Más aún, la derrota electoral dejaría en total libertad al gobierno navista de esculcar a su antojo en los expedientes.
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¿Y los resultados de las revisiuones realizadas por la Auditoría Superior del Estado a las polémicas operaciones de los diputados con los fondos de Gestoría Institucional? Más vale que la auditora se apresure a dar a conocer los resultados. La tardanza sólo alimentaría las especulaciones de que se trata de tiempo ganado para el maquillaje de las oscuras operaciones de falisficación de facturas y hasta de beneficiarios.
