Detenidos de Pensiones tejen una red empresarial

Entre las personas detenidas por el presunto desvío millonario de fondos de la Dirección General de Pensiones (DGP) existe un entramado empresarial, en donde los intereses de los involucrados se entremezclan en al menos seis sociedades mercantiles.

Se trata de cuatro de los siete detenidos por el caso de la empresa Trapeza Marketing Argentarii SA de CV, que recibió, según la FGE, entre 200 y 700 millones de pesos de la DGP.

El nombre de Ricardo N., exsubdirector de Préstamos a Corto Plazo y Tesorería de la DGP, según documentos del Registro Público de Comercio y de la propia DGP aparece en al menos cuatro empresas, en alguna de ellas asociados con otros detenidos.

Está el caso de la Unión de Crédito de la Industria de la Construcción revelado ayer en este medio, que recibió 272.6 millones de pesos de la DGP cuando el funcionario era a la vez directivo de la empresa financiera.

El mismo funcionario reveló en su declaración patrimonial de 2022 que fungió como directivo de Dhiga Infraestructuras, una empresa constructora potosina, entre enero de 2018 y mayo del año pasado, Como en el caso de la UCIC, en Dhiga desempeñó un cargo empresarial al mismo tiempo que se se ocupaba como funcionario de Pensiones.

Ricardo N. fundó en octubre de 2018, también cuando ocupaba un cargo gubernamental, Portus Infraestructuras SA de CV, otra constructora local. En ella se asoció con Arturo H., otra persona detenida por el caso de Trapeza, identificada por la FGE como directivo bancario. Cada uno tenía el 33% de la compañía. El resto era de otro particular.

En un movimiento más reciente, de enero de 2023, Ricardo N. inscribió en el RPC la empresa Hub 43 Sociedad Anónima Promotora de Capital Variable, también enfocada a la construcción. Registró el 80% de las acciones a su nombre y el 20 por ciento restante quedaron en manos de Ana Lilia N. otra persona detenida por el caso Trapeza.

Esta misma persona fue nombrada apoderada de la empresa Diseño Arquitectura y Construcción Vanguardia SA de CV, fundada en 2021 y cuyas accionistas son personas emparentadas con ella.

Antes, en 2018, Ana Paola N., detenida e identificada como funcionaria en Trapeza, también recibió poderes para diversas funciones de esa empresa.

Salvo Trapeza y la UCIC, no hay evidencia que las cuatro compañías restantes hayan recibido recursos públicos de la DGP ni se sabe, al menos públicamente, si son indagadas por las autoridades.