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Mientras que el Frente Estudiantil de Mujeres universitarias (FEMU) adujo que con la Alerta de Violencia de Género (AVG) se preveía un cambio favorable, lo cual no sucedió, pues sigue la misma violencia. Peor aún, para Urenda Queletzú Navarro Sánchez, investigadora en derechos humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, existen condiciones y datos empíricos que sustentan la solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de extender la alerta a otros tres municipios: San Ciro de Acosta, Rioverde y Ciudad Fernández.
En entrevista, Navarro Sánchez recalcó que la experiencia de la pasada declaratoria para 6 municipios, debe servir para que la nueva emisión tenga “mucho cuidado” en cómo irán dictadas las medidas de operación
“Efectivamente, los municipios de la Zona Media en los últimos 2 años, han reportado un alza de la violencia feminicida”, dijo.
Lamentó que la aplicación de la AVG en los seis municipios solo ha sido un cumplimiento administrativo, sin disminuir la violencia.
“El asesinato de Paola nos vuelve a confirmar que hay una tecnificación de la violencia, y una intentona por despersonalizar a las víctimas. Queda claro que la decapitación no es móvil de la muerte, sino que la decapitación envía un mensaje muy claro, de la degradación de la dignidad humana de las mujeres”, señaló.
Aparte, Zamira Silva, integrante del FEMU, opinó que, si bien la AVG ayuda a visibilizar la violencia y es una aceptación del estado de que existe, se han cometido feminicidios que no son resueltos, o que se tratan de “suicidios”.
“Se supone sirve para crear rutas críticas para la atención de violencia, pero la realidad es que aún con AVG, hemos visto que los feminicidios siguen ¿De qué nos servirá tenerla en otros municipios si la situación que la activó sigue presente?”, cuestionó.
