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Por temor a quedarse sin suministro de agua para riego y necesidades personales, ejidatarios del ejido "La Presa" en el municipio de Villa de Guadalupe, denunciaron presuntas irregularidades administrativas de las autoridades federales en el proyecto de la presa "La Maroma".
Aclararon que sus exigencias es que se respetan sus derechos agrarios, pues no se oponen a la construcción de la obra hidráulica y el ducto para trasladar agua al municipio de Matehuala, pues “que a nosotros nos dejen lo que por derecho, por decreto nos corresponde”.
Los campesinos indicaron que los anexos al ejido "La Presa" que podrían verse afectados son las comunidades de Chilares, Depósitos, Puerta del Rio, Presa y Presita. Denunciaron que las autoridades no se han acercado para establecer un convenio con los residentes del lugar.
“Desde los años 20’s se hizo un lucha para que el ejido gozara de una dotación de agua. Entonces al conectarse ese ducto a Matehuala, sentimos que somos demasiado afectados (…) quieren llevarse el agua en 100 por ciento a sabiendas de que nosotros tenemos una dotación oficial”, expresaron.
En rueda de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos "Samuel Ruíz" A.C., Daniel Jacobo Marín, abogado y académico de el Colegio de San Luis (Colsan), notificó que recientemente se presentaron dos juicios de amparo, uno en materia ambiental y otro agrario.
“Lo que esperamos, es que un juez tenga la sensibilidad para reconocer los derechos agrarios que están defendiendo los compañeros. Claro, no en aras de prohibir el agua a Matehuala, sino al contrario, que se mantenga la dotación de aguas que ellos tienen desde 1955”, indicó.
Aparte, Guillermo Luévano Bustamante, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la UASLP, anunció que la Clínica de Derechos Humanos de esa entidad académica dará acompañamiento y asesoría legal a los ejidatarios
“Queda muy claro, que no es una negativa a los proyectos de crecimiento para San Luis, sino que estos proyectos suelen estar orientados pensando en el beneficio de empresas privadas, despojando de sus derechos de tierras y aguas a los campesinos”, argumentó.
Aclararon que sus exigencias es que se respetan sus derechos agrarios, pues no se oponen a la construcción de la obra hidráulica y el ducto para trasladar agua al municipio de Matehuala, pues “que a nosotros nos dejen lo que por derecho, por decreto nos corresponde”.
Los campesinos indicaron que los anexos al ejido "La Presa" que podrían verse afectados son las comunidades de Chilares, Depósitos, Puerta del Rio, Presa y Presita. Denunciaron que las autoridades no se han acercado para establecer un convenio con los residentes del lugar.
“Desde los años 20’s se hizo un lucha para que el ejido gozara de una dotación de agua. Entonces al conectarse ese ducto a Matehuala, sentimos que somos demasiado afectados (…) quieren llevarse el agua en 100 por ciento a sabiendas de que nosotros tenemos una dotación oficial”, expresaron.
En rueda de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos "Samuel Ruíz" A.C., Daniel Jacobo Marín, abogado y académico de el Colegio de San Luis (Colsan), notificó que recientemente se presentaron dos juicios de amparo, uno en materia ambiental y otro agrario.
“Lo que esperamos, es que un juez tenga la sensibilidad para reconocer los derechos agrarios que están defendiendo los compañeros. Claro, no en aras de prohibir el agua a Matehuala, sino al contrario, que se mantenga la dotación de aguas que ellos tienen desde 1955”, indicó.
Aparte, Guillermo Luévano Bustamante, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la UASLP, anunció que la Clínica de Derechos Humanos de esa entidad académica dará acompañamiento y asesoría legal a los ejidatarios
“Queda muy claro, que no es una negativa a los proyectos de crecimiento para San Luis, sino que estos proyectos suelen estar orientados pensando en el beneficio de empresas privadas, despojando de sus derechos de tierras y aguas a los campesinos”, argumentó.
