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Empleados favoritos Sistema enfermo

Por PULSO

Octubre 25, 2020 03:00 a.m.

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El empecinamiento del Congreso del Estado en mantener su cada vez más amplia base de trabajadores por honorarios ha levantado sospechas sobre ese empeño.

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La pasada Legislatura tuvo a las empresas fantasma como la vía para canalizar una cuantiosa cantidad del erario del Congreso vía los fraudulentos apoyos de gestoría institucional.

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Hasta el último momento, los anteriores diputados se empeñaron en mantener la partida.

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Igual insistencia se percibe en este Congreso, pese al señalamiento de sus integrantes de que son más austeros que sus antecesores. Desde que los actuales diputados iniciaron sus funciones, es innegable el incremento tanto de los trabajadores por honorarios como el monto que se destina a ellos.

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Es tanta esa procuración que ya, mes con mes, la partida para este sector supera a la de los trabajadores de base y a la de los propios legisladores.

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El problema es que la certeza sobre la transparencia y la legalidad del manejo de esa partida ha quedado en duda por los testimonios de empleados y ex empleados que hablan de una especie de “ordeña” de esos recursos, en la que una parte de los sueldos de estos empleados se desvía a algunos legisladores que cobran “tributo” a los que colocan en esas plazas.

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En todo caso, los incrementos en este tipo de personal legislativo y en el monto que se les destina, es un contrasentido a la necesidad de austeridad que vive el estado.

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Vuelve a ocurrir. El grito de ayuda de una mujer víctima de la violencia de género e intrafamiliar fue desoído y ahora, ella está muerta y sus cinco hijos se quedan huérfanos.

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El penoso asunto, que ocurrió en Mexquitic, debe ser un poderoso llamado de atención para redefinir el modo en el que el Estado trata a las víctimas de estos tipos de violencia.

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Los protocolos deben tener como prioridad la atención inmediata de las denunciantes, sin atorarse en trabas burocráticas, financieras o de cualquier índole. 

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Ya demasiadas vidas se han desperdiciado por esta tendencia a no actuar o hacerlo a destiempo.

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Ayer se hablaba en este espacio sobre las deficiencias que enfrenta el estado en materia de prevención de delitos y procuración de la justicia. Pues parece que en otro aspecto del sistema con el que el estado lidia con los delitos, en el de las penas aplicadas a los que son juzgados y declarados culpables, también hay fallas.

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Y graves, a juzgar de los resultados del estudio integral que hizo México Evalúa a los sistemas de justicia de los estados.

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En ese sentido, el sistema penitenciario de San Luis es el segundo peor calificado, por el porcentaje de incumplimiento de lo que supone debe cumplir: la reinserción social.

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Parece que el estudio apunta a que a los sistemas de seguridad pública, impartición de la justicia y sanción de delitos del estado no ha sido mejor desde la institución del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que les urge una restructuración a fondo.

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¡HASTA MAÑANA!