A-AA+
El Juzgado Primero en Materia Civil emplazó a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, a responder a una demanda en la que el ex regidor capitalino por el Partido Acción Nacional Marco Zavala Galeana, reclama una indemnización de 10 millones de pesos porque se le abrió un proceso irregular.
El ex regidor reclama que en la administración de José de Jesús Martínez Loredo, la ASE le inició un proceso por su presunta participación en una sesión de Cabildo, donde en la administración de Mario García Valdez fue autorizada la instalación de luminarias del sistema LED en condiciones irregulares.
Explicó que el proceso abierto en su contra era irregular, porque él no se encontraba presente en la sesión de Cabildo, puesto que sufrió una lesión en la columna que le impedía estar presente en el desahogo de esos puntos del orden del día.
Aseguró que sin embargo del procedimiento en su contra continuó su curso, hasta que fue la propia auditoría quien emitió el dictamen donde explica que no encontró responsabilidad alguna que se le pudiera acreditar.
El demandante presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien generó una recomendación dirigida a la ASE, en la que le ordena la reparación del daño.
Para hacer efectivo el emplazamiento, se presentó en la Auditoría Superior del Estado un actuario del juzgado civil, en presencia de la parte demandante, para entrevistarse con personal de la auditoría y emplazar a Rocío Cervantes como representante legal.
La diligencia se desarrolló directamente en las instalaciones de la Auditoría, y en ella, el personal se dio por oficialmente notificado, y deberá responder en un plazo improrrogable de 9 días.
El ex regidor reclama que en la administración de José de Jesús Martínez Loredo, la ASE le inició un proceso por su presunta participación en una sesión de Cabildo, donde en la administración de Mario García Valdez fue autorizada la instalación de luminarias del sistema LED en condiciones irregulares.
Explicó que el proceso abierto en su contra era irregular, porque él no se encontraba presente en la sesión de Cabildo, puesto que sufrió una lesión en la columna que le impedía estar presente en el desahogo de esos puntos del orden del día.
Aseguró que sin embargo del procedimiento en su contra continuó su curso, hasta que fue la propia auditoría quien emitió el dictamen donde explica que no encontró responsabilidad alguna que se le pudiera acreditar.
El demandante presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien generó una recomendación dirigida a la ASE, en la que le ordena la reparación del daño.
Para hacer efectivo el emplazamiento, se presentó en la Auditoría Superior del Estado un actuario del juzgado civil, en presencia de la parte demandante, para entrevistarse con personal de la auditoría y emplazar a Rocío Cervantes como representante legal.
La diligencia se desarrolló directamente en las instalaciones de la Auditoría, y en ella, el personal se dio por oficialmente notificado, y deberá responder en un plazo improrrogable de 9 días.
