Exponen omisión del Congreso en vigencia de ley vial

A poco menos de dos meses de que se venciera el plazo para que el Congreso del Estado concretara la adecuación de las normas locales a lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el Legislativo ha sido omiso en esa responsabilidad, por lo que la organización Cambio de Ruta promovió un amparo ante la justicia federal.

La organización ambientalista informó de la presentación del expediente, que fue admitido por el Poder Judicial de la Federación y que está en proceso de trámite.

En su exposición de motivos, Cambio de Ruta explica que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de mayo de 2022, por lo que cobraba vigencia al día siguiente.

En su artículo segundo, la norma ordenaba a las legislaturas estatales aprobar las reformas necesarias en las leyes locales para armonizarlas con la federal. Para ello, daba un plazo de 180 días a partir de la publicación de la normatividad, que se vencieron el pasado 14 de noviembre de 2022.

Sin embargo, el Congreso potosino no realizó ninguna de las adecuaciones ordenadas, señala Cambio de Ruta.

Ante la omisión, el grupo ambientalista optó por presentar un amparo argumentando como actos reclamados la omisión del cumplimiento de los dos primeros artículos de la Ley, que se enfocan en su carácter nacional y en la obligación de adecuar las leyes locales, y “la parálisis de cualquier acto tendiente a expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es decir necesariamente también se impugnan todas las cosas que el Congreso “no ha hecho” para expedirla”.

La organización indica que la aplicación de la nueva ley es relevante porque impone salvaguardas a la seguridad vial y a la mejora de las condiciones ambientales en la ciudad, de las cuales se han privado los potosinos ante la omisión del Congreso. 

“Si bien es cierto que el acto reclamado consistente en la omisión legislativa, el sentido que se lograría con el otorgamiento de la protección constitucional no implicaría que se ordene al legislativo la expedición de la ley, sino solamente que no quede paralizada su función legislativa”, demandó la organización.