Extremar penas no erradicará impunidad

En lugar de presentar penas corporales que son anticonstitucionales como la castración y pena de muerte, si en verdad tuvieran voluntad política, la administración de Ricardo Gallardo Cardona impulsaría o apoyaría la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios, para que se avanzara en todas las carpetas de investigación que aún continúan pendientes.

Lo anterior lo afirmó Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, víctima de feminicidio en 2012 y fundadora de la colectiva “Por ellas, por nosotras y por todas”, que acompaña a familiares y víctimas de feminicidio en el estado de San Luis Potosí.

Precisamente la colectiva por medio de un comunicado en sus redes sociales hizo un llamado a todas las instituciones involucradas en la prevención y castigo de los feminicidos a terminar con la impunidad, ya que de lo contrario se envía un mensaje de permisividad que afecta cualquier estrategia que implementan para su erradicación.

Señalan preocupación por las declaraciones del titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien consideró que la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidos generaría mayor burocracia, lo anterior porque pareciera no comprender que la exigencia de la colectiva radica en que:

“Las instancias que ya existen no nos han cumplido (...), no son diligentes, no tienen perspectiva de género, habemos quienes ni siquiera teníamos copias de nuestras carpetas de investigación”.

Por su parte, la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno dijo que se encuentran contabilizadas hasta agosto de 2022, 25 muertes violentas de mujeres, número que consideró demasiado alto, si se toma en cuenta que cuando se emitió la declaratoria de alerta de violencia de género había 28 en un solo año.

Consideró que la prioridad reactiva de la autoridad ante víctimas de violencia de género es propiciar el escenario para asegurar la reparación del daño cuando así sea posible, pero también a los ofendidos que son terceras personas, víctimas colaterales del hecho delictivo.

Uno de los elementos que consideró importante, es el hecho de que el Poder Legislativo establezca diálogo con la academia, con la sociedad civil para generar acuerdos y diálogos que lleven al refuerzo de la prevención.

También consideró necesario fortalecer el Instituto de las Mujeres del Estado, por ser el responsable de realizar las políticas públicas transversales para temas de igualdad de género, y el Sistema Estatal de Prevención y Atención de Víctimas para aterrizar esas políticas transversales (con información de Martín Rodríguez).