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Representantes de los tres poderes del estado, así como de organismos electorales y dependencias que atienden a los pueblos originarios, firmaron ayer en la sede del Congreso un convenio de colaboración para realizar una amplia consulta a localidades indígenas sobre temas diversos que les atañen.
Dicha consulta buscará garantizar el derecho de los pueblos nahua, huasteco, pame y otomí a ser escuchados y a que no se realicen obras o programas de gobierno sin tomar en cuenta sus opiniones.
El esfuerzo de consulta, para el cual el Congreso estatal contempla un presupuesto de entre seis y nueve millones de pesos aproximadamente, deberá cubrir un universo de 400 localidades diseminadas en las cuatro regiones del estado.
En su intervención, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, expresó que “en las múltiples reuniones que hemos tenido con los consejos indígenas, el sentir que sus miembros expresan es el mismo: Quieren un San Luis Potosí en el que nunca más estén ausentes de las decisiones que afectan a sus pueblos”.
Durante el acto protocolario, residentes del municipio de Tampamolón se presentaron en el auditorio “Manuel Gómez Morín” del Congreso para denunciar que llevan un año “sin derechos humanos, sin medicamentos, sin trabajo, sin justicia y sin apoyo del Gobierno estatal”.
Con pancartas, los manifestantes acusaron al alcalde Isidro Mejía Gómez de simular consultas al pueblo indígena y de gastar recursos públicos en “comprar y comprar ranchos”, además de que impuso a un maestro bilingüe pero no de origen indígena en el área municipal encargada de atenderlos.
