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El ritmo de la fiscalización de recursos públicos en la entidad, así como el número de funcionarios sancionados por irregularidades en el manejo de recursos públicos ha disminuido notablemente, al grado de que en 2018 sólo se sancionó al 13.9% de los funcionarios castigados en 2015.
Lo anterior se refleja en las cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes al lapso que va entre 2015, el año en que inició la presente administración, y 2018.
Dicho ejercicio estadístico tiene entre sus reactivos, dos relacionados con la fiscalización de recursos públicos.
En el primero, hace un recuento de las auditorías o revisiones realizadas a la administración pública de los estados cada año.
En 2015, el Inegi contabilizó 404 auditorías. A partir de entonces, se registró una disminución paulatina, con una excepción.
En 2016, fueron 400 revisiones; en 2017, repuntó a 440 y el 2018, volvió a bajar a 381.
Sobre los resultados que han generado esas fiscalizaciones, la disminución ha sido continua.
En 2015, fueron 287 los funcionarios sancionados. En 2016, bajó a 89. En el 2017, las sanciones se aplicaron a 78 y para 2018, sólo fueron 40.
Es decir´, apenas el 13.9% de los funcionarios que fueron sancionados en 2015.
El reporte no establece qué dependencias son las que aplican las sanciones ni precisa si se trata de contralorías locales, o auditorías del estado o federal.
