Focos rojos en Estado de Derecho: WJP

Corrupción, inseguridad y una deficiente procuración de la justicia afectaron la calificación de San Luis en el Índice del Estado de Derecho (IED), presentado por la agrupación World Justice Project. El estado perdió un sitio en la edición 2021-2022 del documento, quedando en el sitio 21.
El índice es descrito por WJP como un instrumento de medición sobre el cumplimiento del estado de derecho en las 32 entidades con datos actualizados.
La herramienta toma en cuenta ocho rubros: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal. La calificación en cada indicador oscila entre el 0 y el 1.
San Luis Potosí alcanzó una evaluación de .38 puntos, 0.2 puntos menos que en la medición 2020-2021, cuando se ubicó en el lugar 20.
De los ocho indicadores, el estado tuvo su mejor desempeño en gobierno abierto y derechos fundamentales, donde obtuvo .47 puntos en los dos rubros.
En la parte media están los indicadores de poder gubernamental, con .41 puntos; justicia civil, que alcanzó .37 puntos y cumplimiento regulatorio, que acumuló .36 puntos.
Los peores desempeños se dan en el de justicia penal, que tiene .34 puntos, pero que incluye la calificación más baja en los 42 subindicadores. Se trata del de investigación penal eficaz, que sólo llegó a los .19 puntos.
La procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz registró .27 puntos. El apartado de orden y seguridad es el segundo peor, con .33 puntos.
La ausencia de homicidios fue el subíndice peor evaluado, con .25 puntos.
Y con apenas .33 puntos, al final quedó el rubro de ausencia de corrupción. El poder peor evaluado es el Ejecutivo, con .28 puntos.
Las policías estatal y municipales, además de la Fiscalía, se quedaron con .29 puntos, mientras que el Congreso sumó .360 puntos.
San Luis Potosí fue uno de los 14 estados que retrocedieron en su calificación.
“Los resultados de la edición 2021-2022 del Índice muestran un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país”, concluye el documento.
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