Herederas del dolor: las madres que no descansan

El silencio y el tiempo pueden ser elementos difíciles de asimilar en seres humanos que han colapsado en cuestión de segundos, derrumbados por momentos traumáticos y de alto impacto, esos que llegan con tragedias a cuestas. Ya no caminan, andan; ya no disfrutan un exquisito platillo, solo pasan la saliva; ya no duermen, solo cierran los ojos…

Son tres personas como tú y como yo, acuden a la tiendita de la esquina, utilizan el transporte público,  suelen sonreír y soltar una carcajada, pero no, aunque son de carne y hueso, hace tiempo que dejaron de ser comunes y corrientes, detrás de esos rostros hay miles de noches en vela, llantos infinitos y recuerdos que corroen el corazón.  

Cada una tiene su historia, todas difíciles de contar, por momentos no es fácil preguntar o pensar cuándo acabará la interlocución, pues tienen tanto que decir y ni todas las páginas de un rotativo serían suficientes para reivindicarlas y sensibilizar a los lectores.

La burocracia, a ellas y a sus hijas las ha remitido a carpetas rellenas de hojas de papel bond, sellos, firmas y una clave para identificarlas como un número más de víctimas y víctimas indirectas de feminicidio.

Pero no es así, se trata de Esperanza Lucciotto López, Graciela Aguilar y Patricia Rojas, tres madres mexicanas, dos potosinas y una guanajuatense, que exigen, demandan, pelean, gritan, protestan y reclaman eso que se les ha negado a millones de mexicanos: justicia.

“Realmente ya no es vida la que llevamos”

La noche del 28 de octubre de 2012 el bar “Play”, ubicado en la representativa avenida Venustiano Carranza, se convertiría en el origen de uno de los peores hechos de ineficacia, omisión y corrupción institucional en la historia de la procuración de justicia de San Luis Potosí y el país.  

Una estudiante de la carrera de nutrición de la UASLP con 22 años de edad, la más pequeña de tres hermanos, jamás volvería a salir con vida de ese lugar propiedad de Jorge N., un empresario pudiente y conocido en el ámbito de la vida nocturna en la capital potosina.

Karla Pontigo Lucciotto, amante de los gatos, laboraba como edecán en el establecimiento, y fue en esa noche que al acudir su hermano Luis, como lo había hecho en otras ocasiones, la encontró tirada en el piso desangrándose, en medio de hermetismo y ninguna explicación de lo que había sucedido.

A casi una década sin acceso a la justicia, Esperanza Lucciotto López, madre de Karla, continúa en la misma dirección: conocer quién, por qué y cómo fue que su hija perdió la vida en octubre de 2012.

Un sexto sentido que suele desarrollar las madres, se hizo presente la noche gélida del 28 de octubre, ya que le sugería a Karla no ir a trabajar y que mejor optara por quedarse a descansar… “yo no me sentía bien”, recuerda y reconoce que es imposible descifrar esa sensación de incertidumbre.

Doña Esperanza comenta, mientras agacha la mirada para entrelazar sus manos, que es gratificante ver crecer a “los que se quedan”, es decir, sus hijos, sin embargo, la pieza faltante, su compañera, su confidente y su única hija, hace mella en la familia.

El camino empedrado para llegar hasta hoy cobró secuelas en su economía, estabilidad emocional, así como en su salud mental y física, porque desde ese día y aunque su organismo es funcional, la señora Esperanza delimita su permanencia en el mundo terrenal de una sola forma: “realmente ya no es vida la que llevamos”.

Para la madre que diariamente se despierta y acude a trabajar por la mañana y regresa en la tarde a casa, pese a la exposición de un sistema de procuración de justicia indolente frente al dolor de las familias y carente de preparación, se repite la historia de Karla en cada uno de los asesinatos de mujeres en San Luis Potosí.

“Yo no me quiero imaginar 

cómo vive esa persona; eso creo 

que ya no es vivir”

Todavía se escuchan en su mente las detonaciones de la pistola y el sonido de la sirena de la ambulancia que cubrió el llanto desgarrador de las niñas, se trata de Graciela Aguilar, madre de Rocío Guadalupe Roque Aguilar, mujer de 34 años asesinada en 2018 en el barrio La Cofradía, perteneciente al municipio de Rioverde, presuntamente por su expareja Víctor N.

El día del atentado recibió un mensaje de texto de Víctor, amenazándola con matarla; más tarde le expresó a su madre percibir una sensación de miedo…sin saberlo, alrededor de las 23:00 horas el asesino arribó en una motocicleta a la tienda de abarrotes donde laboraba  Rocío Guadalupe, caminó unos pasos y la agredió a quemarropa con tres disparos, uno en un brazo, otro en una pierna y el último en la frente.

Antes de las detonaciones, una de sus hijas trató de defenderla interponiéndose delante de ella, pero el progenitor la amenazó apuntándole con el arma de fuego, la jaloneó para hacerla a un lado, y finalmente cometer el crimen.

Como antecedente, Rocío sufrió violencia familiar durante 15 años de relación sentimental con Víctor, derivado de ello, presentó varias denuncias por violencia familiar en la Fiscalía, autoridad que nunca brindó protección pese al recrudecimiento sistemático de agresiones. 

Justamente el hartazgo de otro golpe seco con la  mano empuñada, la llevó a dejarlo y velar por su vida y la de sus tres hijas, un año antes de que le disparara en varias ocasiones. También lo denunció en la Fiscalía General del  Estado (FGE).

La década y lustro de violencia poco a poco degradaron el espíritu y el interior de Rocío Guadalupe, dado que por varios años dejó de pervivir en esta realidad, es decir, de tanto menoscabo, degradaciones y humillaciones ya no era aquella jovencita sonriente y alegre como la conocía su familia.

A poco más de tres años, el asesino continúa sin castigo y sin el más mínimo temor al brazo del Estado. Las justificaciones expuestas por la Fiscalía caen en lo inverosímil: es muy difícil, el imputado tiene “mucha familia” y no hay recursos ni para la gasolina de los automóviles de los policías investigadores, exterioriza la señora Graciela.

“Yo no me quiero imaginar cómo vive esa persona; eso creo que ya no es vivir”, sentencia.

“Pido justicia. Sí quiero justicia”

Sin saberlo, esa madrugada del 6 de marzo de 2016 a 216 kilómetros de sus raíces, esas que ahora lucen en cuadros colgados de la pared y en una urna en la sala de su hogar, fue el último día que Samantha Jocelyn Rodríguez Rojas, de entonces 21 años, quien cursaba el tercer año en la Facultad de Medicina de la UASLP, fue asesinada en una reunión a donde acudieron otros compañeros de la casa de estudios.

El reporte de la Policía Ministerial del Estado (PME), adscrita a la Procuraduría General de Justicia del  Estado (PGJE), informó que ese día por la mañana ubicó el cuerpo de una mujer en la parte inferior de un departamento, ubicado en la calle Río Nazas en la colonia Lomas, al poniente de la capital potosina.

Las primeras versiones de la PME, establecieron que Gamaliel N. forcejeó con la joven en el balcón del tercer piso del edificio donde se desarrollaba la fiesta, derivado de ello, cayó al vacío de alrededor de 15 metros de altura produciéndole lesiones que le causaron la muerte.

Una vez confirmado el hecho, alrededor de las 13:00 horas del 6 de marzo, Patricia Rojas, madre de Samantha Jocelyn, recibió vía telefónica la fatal noticia de la roomie de su hija: había fallecido tras haber asistido a una fiesta.

Al arribar a la capital y una vez en el Servicio Médico Legal (Semele) para proceder con el reconocimiento del cadáver, el médico forense le refirió que Samantha Jocelyn presentaba marcas en los tobillos y en las muñecas, estas últimas relacionadas con algún forcejeo.

Las inconsistencias comenzaron a dilucidarse, dado que un integrante del personal de investigación justificaba las marcas por el bolso que portaba ese día, y otro elemento jugó con las leyes de la física, al referir que se generaron al momento de caer y chocar con la pared.

Relata que funcionarios de la entonces PGJE le dieron a firmar una hoja donde le entregaban algunas pertenecias, entre ellas, un bolso. Horas más tarde en el regreso a Celaya, los ministeriales la retuvieron para que se los devolviera, firmando otra de nueva cuenta otro papel, pero éste en blanco. “Yo en ese momento voy en camino con el cuerpo de mi hija, pues yo qué voy a pensar (en firmar o no)”, recuerda.

Después de varias horas de viaje, en su ciudad natal cremó el cuerpo porque la Procuraduría no le restringió hacerlo, aunado a que el deseo de Samantha Jocelyn cuando muriera, era no permanecer en un cementerio. 

En marzo de 2020, compañeras de generación de su hija le informaron que Gamaliel se graduó el año anterior y que trabajaba en un consultorio de una cadena comercial, en la capital potosina.

Gamaliel, se graduó como médico cirujano en la generación 2019, junto a otros 110 estudiantes, según consta en el boletín informativo de la Facultad de Medicina de la UASLP, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2019. “Pido justicia, sí quiero justicia”, concluye la madre de Samantha Jocelyn. 

Si bien son herederas de dolor por culpa de machistas y violentos sujetos que se encuentran en libertad, a causa de la debilidad del Estado, la exigencia de justicia se fortalece a cada segundo con la suma de niñas, adolescentes y mujeres de todos los ámbitos de la sociedad, que diariamente levantan la voz porque ya no están dispuestas a ser acosadas, agredidas, ultrajadas, violadas o asesinadas…