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Administraciones municipales pasadas de Ébano, Tamuín y Zaragoza lideran la lista de 37 funcionarios municipales que enfrentan alguna fase de procesos penales por casos de corrupción.
Además, el escándalo del “Mochesgate” en Ciudad del Maíz también ha involucrado a ex funcionarios en estas indagatorias, de acuerdo a documentos de dependencias relacionadas con estas investigaciones.
De ellos, seis ex alcaldes, uno de ellos actualmente en funciones por resultar electos nuevamente, enfrentan proceso penales ante un juez.
De Ébano, hay nueve funcionarios involucrados, incluyendo al alcalde en la administración 2007-2009, Crispín Ordaz Trujillo, quien reveló la existencia de “La Ecuación Corrupta” entre el Legislativo y la ASE. El edil enfrenta dos solicitudes de aprehensión por presunta malversación de recursos.
Del municipio de Tamuín Rafael Rodríguez Pérez, que gobernó entre 2009 y 2012, también enfrenta una orden de aprehensión, por los mismos motivos. Otros cuatro funcionarios de su gobierno son investigados.
Por el uso de documentos falsificados que afectaron a una empresa gasera, Javier Gómez Reina, alcalde de Zaragoza entre 2015 y 2018, además de otros cuatro colaboradores, enfrentan cargos penales.
Su colega de Tanlajás, Juan Barrón Ramos, que fue alcalde entre 2007 y 2009, tiene un auto de formal prisión. Otros tres colaboradores también enfrentan investigaciones penales.
En cuanto al “Mochesgate”, la inversión de varios millones de pesos en obras que nunca se realizaron, el alcalde de Ciudad del Maíz entre 2015 y 2018, Juan Gómez Páramo, tiene una solicitud ante un juez de control para una audiencia inicial. Otros tres funcionarios de esa administración son investigados dentro del mismo caso.
El otro ex alcalde que también es investigado penalmente por irregularidades durante su gestión es el de Tamazunchale, Leopoldo Coronel Hervert, que gobernó de 2007 a 2009, acusado de malversar recursos, detectados en su cuenta pública
Además de los ex mandatarios de esos seis municipios, también son investigados cinco directores o coordinadores de Desarrollo Social, siete tesoreros municipales, dos síndicos, dos secretarios municipales, cuatro contralores y seis regidores.
En cinco casos, un mismo funcionario enfrenta más de un proceso penal.
