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“Cuando escuchan las palabras mujeres y presupuesto, dicen que no”, lamentó la legisladora Dulcelina Sánchez de Lira después que el pleno del Congreso del Estado desechara una iniciativa que pretendía dejar el mismo presupuesto a programas e instituciones públicas cuyo objeto sea garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“De entrada parece que no analizaron la iniciativa o por ser esas dos palabras fue un no; desgraciadamente varias compañeras diputadas, aunque pareciera increíble, votaron en contra y eso es algo muy triste que las personas estamos al frente, no le demos la importancia que debiese”.
La legisladora local reconoció que tal vez no disminuir el presupuesto a los programas e instituciones que se encargan de investigaciones y prevención de violencia, quizá no solucione el índice de inseguridad hacia las mujeres, “pero es poner el tema sobre la mesa y lamentable que no podamos dar el marco jurídico que abone a la prevención”.
Sánchez de Lira promovía agregar un párrafo al Artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, “El presupuesto asignado en cada ejercicio fiscal a las partidas, programas e instituciones públicas cuyo objeto sea garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no podrá ser menor al del ejercicio fiscal anterior, así como tampoco podrá ser disminuido durante su vigencia”.
Dicha iniciativa fue turnada en primera instancia a la Comisión de Hacienda del Estado, donde se desechó por improcedente, bajo el argumento de que con los ahorros que genere el Gobierno del Estado, se destinaría mayor recurso al rubro de “una vida libre de violencia”.
“De entrada parece que no analizaron la iniciativa o por ser esas dos palabras fue un no; desgraciadamente varias compañeras diputadas, aunque pareciera increíble, votaron en contra y eso es algo muy triste que las personas estamos al frente, no le demos la importancia que debiese”.
La legisladora local reconoció que tal vez no disminuir el presupuesto a los programas e instituciones que se encargan de investigaciones y prevención de violencia, quizá no solucione el índice de inseguridad hacia las mujeres, “pero es poner el tema sobre la mesa y lamentable que no podamos dar el marco jurídico que abone a la prevención”.
Sánchez de Lira promovía agregar un párrafo al Artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, “El presupuesto asignado en cada ejercicio fiscal a las partidas, programas e instituciones públicas cuyo objeto sea garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no podrá ser menor al del ejercicio fiscal anterior, así como tampoco podrá ser disminuido durante su vigencia”.
Dicha iniciativa fue turnada en primera instancia a la Comisión de Hacienda del Estado, donde se desechó por improcedente, bajo el argumento de que con los ahorros que genere el Gobierno del Estado, se destinaría mayor recurso al rubro de “una vida libre de violencia”.
