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El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Jesús Alfonso Medina Salazar, indicó que desde junio de 2016, dejó de ser accionista de la empresa Infraestructura del Golfo SA de CV, aunque señaló que por “un error”, esa situación no se refleja aún en la versión pública de su declaración de intereses de ese año y de 2017.
En entrevista acerca de los 19 contratos que la SCT otorgó a Infraestructura del Golfo S.A. de C.V. entre octubre de 2015 a la fecha, que representan pagos por 291.2 millones de pesos, Medina Salazar aseguró que como funcionario, nunca ha operado para obtener contrato alguno con dependencias públicas.
En entrevista, Jesús Medina mostró el acta de una asamblea de la empresa celebrada el 18 de septiembre de 2015, días antes del inicio de la actual administración estatal, en la que cedía el 40 por ciento de las acciones de la empresa a otros parientes que integran la sociedad propietaria.
El acta fue protocolizada por la Notaría Pública número 4 de Valles, a cargo de Jesús Rojas Villarreal, hasta poco más de diez meses después, el 27 de julio de 2016. El movimiento fue reportado al Registro Público de Comercio el 12 de septiembre de 2017.
Se le preguntó por qué entonces aparecía en las versiones públicas de sus declaraciones de intereses de 2016 y 2017 que seguía siendo poseedor del 35 por ciento de las acciones de la empresa.
En ese sentido, Medina Salazar reconoció que por prisas y errores de captura, su declaración de intereses no ha reflejado el cambio accionario que lo deja fuera de la empresa.
En todo caso, señaló que los concursos que ha ganado la empresa han cumplido con los requisitos legales para ganar los concursos.
Descartó que en algún momento haya operado desde su puesto de gobierno para obtener contratos para la constructora. “No tengo tiempo para otra cosa que estar en la CEA”, dijo, “no voy a tener tiempo para meterme en cosas de la empresa”.
Indicó que solo mantiene una relación institucional con los funcionarios federales actuales y anteriores de la SCT, y acotó que muchos fallos de licitaciones se decidieron en la Ciudad de México, no en San Luis.
