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Un juzgado federal se negó a amparar a los ex funcionarios de la Auditoría Superior de Estado Abraham Payán Torrescano, Fernando José Barrera Guillén y Abraham Reinhardt Guerrero en contra de órdenes de aprehensión por el caso de al “fiesta fantasma”, mediante la cual se habrían desviado 600 mil pesos del presupuesto de la dependencia.
Los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación muestran hoy los resolutivos sobre las peticiones de amparo realizadas el pasado 25 de octubre para los expedientes de amparo 1098, 1099 y 1100 de este año.
En la pasada administración de la ASE, Abraham Payan fungió como contralor, Barrera Guilén era jefe de la Unidad de Información y Abraham Reinhardt coordinador de Auditorías Especiales.
Los tres fueron involucrados en la investigación de una denuncia penal presentada por la actual administración de la ASE por la desaparición de 600 mil pesos, destinados para una fiesta de fin de año en 2016, que acabaron en un proveedor de Aguascalientes y en la que el organismo cayó en contradicciones cuando quiso justificar
el gasto.
En los tres casos, el Juzgado Sexto negó los amparos.
Al cumplirse un año de la denuncia, trascendió que de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado iba a emitir un fallo.
Se cree que los amparos fueron tramitados por los ex funcionarios para prevenir eventuales órdenes de aprehensión, pero al no existir estas, el amparo perdió justificación.
Los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación muestran hoy los resolutivos sobre las peticiones de amparo realizadas el pasado 25 de octubre para los expedientes de amparo 1098, 1099 y 1100 de este año.
En la pasada administración de la ASE, Abraham Payan fungió como contralor, Barrera Guilén era jefe de la Unidad de Información y Abraham Reinhardt coordinador de Auditorías Especiales.
Los tres fueron involucrados en la investigación de una denuncia penal presentada por la actual administración de la ASE por la desaparición de 600 mil pesos, destinados para una fiesta de fin de año en 2016, que acabaron en un proveedor de Aguascalientes y en la que el organismo cayó en contradicciones cuando quiso justificar
el gasto.
En los tres casos, el Juzgado Sexto negó los amparos.
Al cumplirse un año de la denuncia, trascendió que de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado iba a emitir un fallo.
Se cree que los amparos fueron tramitados por los ex funcionarios para prevenir eventuales órdenes de aprehensión, pero al no existir estas, el amparo perdió justificación.
