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La inadecuada catalogación de feminicidios en San Luis Potosí está más que comprobada, y uno de los ejemplos claros, es el asesinato de Karla Pontigo Luccoitto, cometido el 28 de octubre de 2012 en el bar “Play”, valoraron académicas y feministas.
Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora-investigadora en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, argumentó que no indagar estos crímenes como feminicidios, se debe a la falta de capacidades, tanto de los Agentes del Ministerio Público y la carencia de elementos para juzgar con perspectiva de género, por parte de los jueces penales.
La académica valoró que los juzgadores tienen una dificultad en términos de formación para acreditar el tipo penal de feminicidio; a su vez, la FGE tiene una creencia de que las muertes violentas, asociadas con el narcotráfico no tienen que averiguarse con el citado protocolo.
Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de enero de 2012 a diciembre de 2018, en la entidad se registraron 245 asesinadas, de las cuales 91 se reportaron como feminicidios y 154 como homicidios dolosos, pero además hubo una cifra negra –o no denunciado- de 100 casos.
Al respecto, Arely Torres Miranda, activista feminista, refirió que en el caso Pontigo Lucciotto, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a la familia de la joven, por lo cual, la Fiscalía General de Justicia (FGE) deberá reabrir el asunto e investigarlo como feminicidio.
Lamentó que en la entidad tenga un alto índice de feminicidios y muertes violentas de mujeres, que no están siendo investigadas como debieran por parte de las dependencias competentes.
“Karla (Pontigo Lucciotto) es uno de muchos casos que tenemos documentados. Pareciera ser que aún no entienden esta obligatoriedad que tienen de investigar cualquier muerte violenta bajo protocolo de feminicidio”, remarcó la activista entrevistada.
