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A más tardar el próximo viernes, el Ayuntamiento de la capital potosina deberá soportar técnicamente ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) las razones de haber eliminado a ciertas empresas de sus licitaciones de obra pública.
Marco Antonio Uribe Ávila, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí, informó en entrevista que la demanda presentada por esta organización contra el Ayuntamiento que preside el perredista Ricardo Gallardo Juárez sigue avanzando.
“No se ha dado de la forma expedita que quisiéramos, pues es irónico que en esta era digital los procesos legales son todavía muy lentos, pero el viernes pasado la SFP ya notificó al Ayuntamiento de la obligación de presentar justificaciones técnicas y bien soportadas respecto a la eliminación de ciertas empresas en las licitaciones”, explicó.
El empresario recordó que ya pasaron dos meses desde que la CMIC presentó demanda por procesos que, en su opinión, beneficiaron a constructoras “consentidas” del grupo político que encabeza el alcalde, tanto en la capital como en Soledad de Graciano Sánchez.
Uribe Ávila dijo que los procesos poco transparentes de asignación de obra han perjudicado “al menos a unas 150 empresas, algunas afiliadas a la CMIC y otras no”.
Adelantó que esta semana los constructores estarán atentos a la respuesta que el Ayuntamiento dé a la SFP.
“Lo que deseamos es que se termine de una vez por todas con las malas prácticas que afectan al gremio en general”, concluyó.
Marco Antonio Uribe Ávila, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí, informó en entrevista que la demanda presentada por esta organización contra el Ayuntamiento que preside el perredista Ricardo Gallardo Juárez sigue avanzando.
“No se ha dado de la forma expedita que quisiéramos, pues es irónico que en esta era digital los procesos legales son todavía muy lentos, pero el viernes pasado la SFP ya notificó al Ayuntamiento de la obligación de presentar justificaciones técnicas y bien soportadas respecto a la eliminación de ciertas empresas en las licitaciones”, explicó.
El empresario recordó que ya pasaron dos meses desde que la CMIC presentó demanda por procesos que, en su opinión, beneficiaron a constructoras “consentidas” del grupo político que encabeza el alcalde, tanto en la capital como en Soledad de Graciano Sánchez.
Uribe Ávila dijo que los procesos poco transparentes de asignación de obra han perjudicado “al menos a unas 150 empresas, algunas afiliadas a la CMIC y otras no”.
Adelantó que esta semana los constructores estarán atentos a la respuesta que el Ayuntamiento dé a la SFP.
“Lo que deseamos es que se termine de una vez por todas con las malas prácticas que afectan al gremio en general”, concluyó.
