Piden camioneros reunión con RGC

Permisionarios del transporte urbano esperan pronta respuesta a una solicitud de audiencia ya presentada al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona para exponerle los problemas esenciales que el gremio enfrenta y hallar soluciones para que el servicio público se pueda seguir prestando, luego de la negativa oficial al incremento de las tarifas para este 2022.

Margarito Terán López, representante del sector, afirmó que los camioneros están “en un completo estado de indefensión económica con al menos dos grandes problemas por resolver: la falta de liquidez y la escasez de mano de obra.

“Nos falta aproximadamente un 40 por ciento de operadores, que en número concretos son como 600 personas. Muchos se han salido en busca de mejores oportunidades y porque el costo de las licencias para transporte público llega a los cinco mil pesos, aparte de todos los trámites que se deben hacer para mantenerse como operador bien evaluado”, expresó.

Dijo que, actualmente, el número de concesiones es de aproximadamente mil 200 sin contar las de Ciudad Valles y Matehuala, cuyos permisionarios ya se han adherido al movimiento de la capital “porque sus problemas son muy similares”. De ellas, sólo la mitad, 50 por ciento, se mantiene en operación por las dos causas ya señaladas: Falta de liquidez y escasez de operadores.

Otro problema mencionado por Terán López es que frente a la renovación del parque vehicular a la que obliga la Ley, los permisionarios no cuentan con ingresos para encarar el compromiso, además de que con sus actuales estados financieros, “difícilmente alguna institución bancaria o de crédito va a dar su aval para la compra de nuevas unidades”.

Recordó que es el Gobierno del Estado el que debe garantizar la movilidad de las personas, en tanto que los concesionarios hacen el esfuerzo de dar servicio a la población dentro del alcance de sus posibilidades, “sobre todo en las primeras y últimas vueltas, cuando las y los clientes tienen más necesidad de transportarse”.

Lo que hace falta, concluyó, es que el Gobierno realice un estudio técnico, socio – económico y de factibilidad, para determinar el aforo real y con base en ello definir la tarifa técnica y la tarifa socio – política, esta última expresada en un subsidio. Aclaró que el gremio del transporte se orienta básicamente a la rentabilidad del servicio, mientras que la parte del beneficio social le corresponde cubrirla a las autoridades.