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Solicitar identificación para adquirir un boleto para transportarse en autobús, no es una medida que atente contra los derechos humanos, sin embargo, habrá que cuidar que los vendedores del boletaje no se conviertan en una especie de “policía migratoria”, valoró Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Derivado de los acuerdos establecidos con el gobierno de Estados Unidos, la administración lopezobradorista dispuso que las líneas de autobuses del país soliciten documentación oficial para acceder a la compra de un boleto.
Justificó su argumento al referir que dicho dispositivo de control ya se aplica en los aeropuertos de la República Mexicana, tanto al momento de compra del pase como cuando se aborda la aeronave.
Para el ombudsman local, la disposición del gobierno federal es favorable, dado que, justo a través de ese medio de traslado, es como muchos traficantes de personas realizan su actividad ilícita, aprovechándose de migrantes, incluso de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, López Espinosa remarcó que deberá prestarse atención a los vendedores de la taquilla, quienes podrían convertirse en delatores, denunciantes de personas que consideren, a su criterio, no son mexicanos, es decir, prácticamente una “policía migratoria”.
Admitió que, así como existen agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM) que se sitúan en puntos aeroportuarios, también podrían hacerlo en las terminales terrestres porque son los únicos elementos facultados por la ley para hacer detenciones.
“Esto es una medida que en el transporte como es el caso de los autobuses, ya se realiza en los aeropuertos. Tú cuando vas a comprar un boleto de avión te piden una identificación, igualmente para abordar el avión. Entonces, no es una medida que atente contra los derechos humanos”, asumió.
