Posible solución Novatez legislativa

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El año final de la administración de Enrique Peña Nieto puede, fácilmente, ser considerado como el año de la impunidad.

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Elba Esther Gordillo, la polémica lideresa magisterial, dejó la cárcel y se especula si regresará a la política; el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvía cientos de millones de pesos y podría pasar sólo tres años de cárcel y pagar una multa de 58 mil pesos; Rosario Robles no parece preocupada ante la evidencia de desvíos en la Sedesol y la Sedatu; el otro Duarte, César, el ex mandatario priista de Chihuahua, puede ver cómo salen en libertad sus cómplices en otro caso de desvíos. El propio Peña Nieto está embarrado en este problema, con el asunto de la Casa Blanca.

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A nivel local, la situación no es mejor: casos como las sospechosas compras de la pasada administración municipal a la proveedora de medicinas Sandra Sánchez Ruiz, y “La Ecuación Corrupta” en la pasada Legislatura no fueron castigados y no se ve que lo vayan a ser pronto en el corto plazo.

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Ante ese panorama, ¿qué es necesario para castigar estas conductas? Responder correctamente a esta pregunta es crucial, porque cada caso que no se castiga es un aliciente para que más funcionarios se atrevan a incurrir en prácticas corruptas.

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Santiago Nieto, quien ya fue anunciado como el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, un virtual zar contra las maniobras financieras irregulares, estuvo ayer en la ciudad para dictar una conferencia en la Facultad de Derecho de la UASLP.

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El próximo funcionario federal ofreció lo que podría ser una solución para detectar los cada vez más sofisticados métodos que utilizan los malos servidores públicos para desviar dinero, en especial, a través de las ya famosas “empresas fantasma”.

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La revisión federal con una triple cobertura: de Hacienda, la Fepade y la Fiscalía Anticorrupción. La distancia de una dependencia federal con los casos podría ser un factor importante para llegar a sancionar estos casos. Ya ha quedado demostrada la reticencia de los órganos locales para sancionar estos casos.

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La limitante es que su jurisdi cción federal sólo los involucraría en casos en los que los recursos involucrados tuvieran, precisamente, ese origen.

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Pero la posibilidad de que haya una eventual vigilancia federal podría ser un inhibidor de las conductas deleznables que siguen sin castigo.

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La discusión de la Comisión de Hacienda del Congreso sobre el destino de la petición del Ejecutivo para que se autorice pagar un millonario adeudo con el ISSSTE con participaciones federales puso en evidencia el protagonismo y el temor al costo político de algunos legisladores.

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Edgar Hernández, diputado del PVEM, se encaprichó en mantener su propuesta de no aprobar la iniciativa del Ejecutivo, pese a que se dijo convencido por los argumentos de la Secretaría de Finanzas. El legislador fue enfático en su disgusto ante esa posibilidad. ¿Cómo iba a pasar semejante papelón?

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Rolando Hervert, del PAN, parecía más preocupado en el costo político que pagaría el Congreso en caso de que la negativa a autorizar la propuesta se quedara en el limbo, una de las alternativas propuestas.

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En fin, que los nuevos diputados tienen todavía mucho que aprender.

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¡HASTA MAÑANA!