Protocolo de feminicidios, letra muerta y empolvada
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El 15 de febrero de 2015 se publicó el protocolo de investigación de feminicidio, emitido por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encabezada por Miguel Ángel García Covarrubias, en el acuerdo 01/2015 del Periódico Oficial del Estado (POE).
La disposición comprende la creación del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo, que entre otras funciones, prevé sesionar tres veces por año de forma ordinaria, y extraordinaria las veces que sea necesario.
Destaca el capítulo VI relativo a la atención a las víctimas indirectas, ofendidos y testigos, cuyo contenido instruye que el Ministerio Público de “manera inmediata” ejecutará las medidas de protección correspondientes; solicitará atención médica; pedirá atención psicológica que se requiera; de ser necesario, los trasladará a un hospital; y canalizará a los hijos de la víctima que sean menores de edad o con alguna discapacidad, ante instancias para su guardia y custodia.
Otras responsabilidades del funcionario son informar a los ofendidos del delito; intervenir a favor de ellos cuando existan indicios de amenazas o intimidación; solicitar la emisión de dictámenes periciales necesarios para demostrar la personalidad del imputado y determinar si presenta patrones culturales orientados hacia conductas misóginas, de discriminación y desprecio hacia las mujeres.
En la respuesta a la solicitud de información, con número de folio 00622321, la Fiscalía precisó que no cuenta con datos referentes a si, de las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas de 2015 a mayo de 2021 por ese delito, en cuántas se solicitaron informes a otras instituciones sobre antecedentes de violencia en la víctima.
Sumado a ello, se les cuestionó en la petición identificada con clave 00622421, cuántas veces ha sesionado el Comité desde la publicación del protocolo hasta el 31 de mayo de 2020, respondiendo el 16 de agosto de 2021, que el mencionado órgano interno todavía se encuentra en proceso de creación.
Es decir, a más de seis años de la divulgación del esquema para atender e investigar correctamente los feminicidios, la dependencia estatal, no ha podido conformar el grupo colegiado destinado, entre otros objetivos, a valorar irregularidades en las averiguaciones.
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