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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), elabora un Informe Especial sobre Detenciones Arbitrarias para el Estado de San Luis Potosí, la finalidad es establecer el grado de cumplimiento de no violentar los derechos humanos al momento del aseguramiento de una persona.
Consideró es importante detectar las deficiencias que se siguen presentando al momento en que los elementos ejecutan la detención de quienes pudiesen haber cometido algún delito.
Hace unos días el INEGI informó de un ejercicio estadístico en el que refiere que en más del 50% de las detenciones contra jóvenes en el país se ha dado con algún tipo de violencia o vejaciones cometidas por los policías en todo el país.
El ombudsman potosino, Jorge Andrés López Espinosa reconoció que San Luis Potosí no se encuentra al margen de esta condición, ya que recordó el caso de los elementos de seguridad pública del municipio de Ciudad Valles quienes torturaron y dieron muerte a un joven, por lo que de ese caso se desprendió una recomendación que esta siendo atendida y busca la reparación integral del daño a los familiares.
La CEDH determinó que en el ámbito local, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía es la que más quejas tiene por emplear mecanismos que se contraponen a los protocolos para la detención de las personas; al mismo tiempo que reconoció que las corporaciones municipales también incurren en este tipo de acciones, las cuales son denunciadas frecuentemente.
Consideró que el cumplimiento de la observancia en la aplicación de los derechos humanos recae en la conciencia y la voluntad de los propios elementos de seguridad, quienes deciden si se apegan a los protocolos.
Consideró es importante detectar las deficiencias que se siguen presentando al momento en que los elementos ejecutan la detención de quienes pudiesen haber cometido algún delito.
Hace unos días el INEGI informó de un ejercicio estadístico en el que refiere que en más del 50% de las detenciones contra jóvenes en el país se ha dado con algún tipo de violencia o vejaciones cometidas por los policías en todo el país.
El ombudsman potosino, Jorge Andrés López Espinosa reconoció que San Luis Potosí no se encuentra al margen de esta condición, ya que recordó el caso de los elementos de seguridad pública del municipio de Ciudad Valles quienes torturaron y dieron muerte a un joven, por lo que de ese caso se desprendió una recomendación que esta siendo atendida y busca la reparación integral del daño a los familiares.
La CEDH determinó que en el ámbito local, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía es la que más quejas tiene por emplear mecanismos que se contraponen a los protocolos para la detención de las personas; al mismo tiempo que reconoció que las corporaciones municipales también incurren en este tipo de acciones, las cuales son denunciadas frecuentemente.
Consideró que el cumplimiento de la observancia en la aplicación de los derechos humanos recae en la conciencia y la voluntad de los propios elementos de seguridad, quienes deciden si se apegan a los protocolos.
