Reforma en seguridad, “cambio de membrete”

Además de hacer énfasis en que los congresistas deberán garantizar conversatorios donde participen especialistas y la sociedad civil, Francisco Salazar Soni, académico universitario y especialista en seguridad pública, analizó que la propuesta de creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Guardia Civil Estatal, es un “cambio de membrete”, dado que no se definieron conceptos, ni la génesis para llevar a cabo tales modificaciones.  

“No es el nacimiento de dos nuevas instituciones, es el cambio de dos denominaciones de dos instituciones ya instaladas”, sentenció. 

Argumentó que votar la reforma en febrero próximo, como lo estiman algunos legisladores, sería un retroceso para el estado, pues toda política criminológica y de seguridad pública a implementar tiende al fracaso si no es consultada. 

Destacó la existencia de contradicciones en relación con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una de ella consistente en la intención de modificar la palabra comandante, siendo que ese concepto es una jerarquía militar. La legislación contempla de una conceptualización terciaria, es decir, comisario general, comisario en jefe, inspector, entre otros.  

El especialista puntualizó que el proyecto habla “de una reingeniería estructural, lo cual no se da porque únicamente se cambia de nombre a las instituciones”, pero no explica cómo y bajo qué plan de acción se alcanzará tal propósito. 

Lamentó que en un tema vital para un estado, como es la seguridad pública, el Gobierno del Estado no organizó foros de participación con la ciudadanía, expertos, universidades públicas y privadas, empresarios y todos los actores competentes en la materia.

Advirtió en cuanto a volumen y poder de fuego, que la Ley de Armas de Fuego y Explosivos dispone, entre otros aspectos, que las licencias colectivas de armas de fuego solo serán las que dispone la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por ende, recordó que un policía no puede portar una Barrett calibre 50 (fusil de francotirador semiautomático), porque no lo permite la legislación federal. “El legislativo tiene la obligación de hacer conversatorios para discutir las reformas que está planteando el Ejecutivo, así lo hizo la Guardia Nacional”, complementó.