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A dos años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para seis municipios de San Luis Potosí, el despliegue de las políticas para atender la violencia contra las mujeres, está lejos de incidir en la disminución de feminicidios, reclamaron organizaciones no gubernamentales (ONG), quienes exigieron reparación del daño a las familias y víctimas indirectas, las cuales han sido dejadas en el “olvido institucional”.
Los organismos de la sociedad civil (OSC), reprocharon que es “notable” la ausencia de capacidades de coordinación desde el propio seguimiento hecho por la Conavim, hasta la falta de acuerdos entre el estado y los municipios de San Luis Potosí, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale Tamuín y Ciudad Valles.
Mediante un pronunciamiento firmado por 28 asociaciones civiles y 23 personas, detallaron que la entidad pasó de 35 muertes violentas de potosinas en 2015 a 74 en 2017, es decir, se duplicaron los hechos violentos contra las mujeres.
“También apuntaríamos, que, de ese conjunto de muertes violentas, no todas han sido investigadas como feminicidios, y de éstas, tan solo en 2017, cinco alcanzaron una sentencia emitida por la autoridad judicial”, recalcaron.
Criticaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha fortalecido con infraestructura a la Fiscalía de Atención de la Mujer, pues en la actualidad carece de un inmueble digno y personal suficiente.
