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Cuando representantes de Ciudadanos Observando visitaron un domicilio ubicado en San Luis Potosí para preguntar si ahí habitaba el socio de una empresa que había recibido pagos de 11.9 millones de pesos de Secretaría de Salud en 2018, los padres de Emmanuel Aureliano Moreno Márquez casi se fueron de espaldas.
Desconocían que su hijo fuera socio del Corporativo Ribe de San Luis SA de CV y se sorprendieron, porque sufre un tipo de discapacidad.
Señalaron que ignoraba cómo el nombre de su pariente aparecía en el acta constitutiva de una compañía que tenía su domicilio fiscal en la colonia Clavería, en la alcaldía de Azcapotzalco, de la Ciudad de México.
Pero le aportaron un dato revelador al representante de la organización: hace años, trabajó en Scoltta Seguridad Privada, una compañía vinculada a Gabriel Salazar Soto, el empresario que, antes de caer en desgracia, concretó a través de él mismo u otras 18 empresas de su propiedad, contratos por 176.4 millones de pesos con la Secretaría de Salud.
La organización descubrió que esa no era la única liga con Salazar Soto. En el acta constitutiva del Corporativo Ribe aparecía, como socio de Moreno Márquez, Yoel Guerrero Camarillo, quien presentaba como domicilio una casa ubicada en la colonia Independencia, de la capital potosina.
Esa vivienda era también el domicilio fiscal de otros socios de Salazar Soto en otras empresas, Reymundo Guerrero Rangel y Sandra Camarillo Reyes.
Cuando acudieron a confirmarlo, la familia que dijo tener casi 50 años habitando la vivienda, les dijo que no conocía a ninguno de los tres y se deslindaron de los negocios con la dependencia estatal potosina.
El remate en las irregularidades fue que en el domicilio sede del corporativo, el de Azcapotzalco, no existe y que en diversos documentos contractuales de la empresa con la Secretaría de Salud, las presuntas firmas de Emmanuel lucen claramente distintas.
Este caso pudiera ser un machote sobre el modo en el que Salazar Soto y sus empresas hicieron negocios con la Secretaría de Salud, pues el esquema de domicilios falsos y socios que no estaban enterados de serlo, se repite en buena parte de las 19 compañías que entre 2017 y 2019, recibieron contratos de la dependencia que dirige Mónica Rangel Martínez por 176.4 millones de pesos.
Pagaron más
De inicio, de acuerdo a la investigación “Pandemia de Corrupción”, que difunde Ciudadanos Observando, la misma cifra desata una polémica, pues supera por 111.5 millones de pesos el monto que a fines de mayo, Rangel Martínez reconoció que su dependencia había pagado a Salazar Soto o a sus empresas.
La declaración vino a desmentir los señalamientos originales de la propia Secretaría de Salud de rechazar que había entregado contratos con el empresario y sus diversas compañías.
La investigación de Ciudadanos Observando detectó la existencia de documentos que superaban 171.8% la cifra admitida por la Secretaría de Salud.
Amigos y rivales
Para obtener los contratos de la dependencia estatal, Ciudadanos Observando también descubrió que Salazar Soto encabezó un conglomerado de empresas que formaron una compleja red en la que se mezclaban parientes y cercanos colaboradores del empresario.
Ciudadanos Observando detectó que Flor Janeth Rivera Aguilar, esposa de Gabriel Salazar, era también su socia en la empresa Desarrollo e Infraestructura Absac, en Kubal ZF Comercializadora Integral y en Impulse Fibra de Inversión en Bienes y Raíces, S. de R.L. de C.V.
Su hermano, Jonathan Salazar Soto, también es su asociado en Impulse.
Reymundo Guerrero aparece en el grupo de socios de Absac y de Corporativo Ribe.
En no pocos concursos, empresas del mismo grupo competían entre sí, siempre ofreciendo condiciones distintas, lo que contribuyó al triunfo de la otra carta del grupo en el concurso.
Socios involuntarios
Pero no sólo había parientes y conocidos en el entramado empresarial. Salazar Soto también usó los datos de terceros sin su conocimiento ni su consentimiento, para crear empresas que obtenían los contratos o competían contra estas en licitaciones, facilitándoles el triunfo ofreciendo precios más elevados.
Moreno Márquez, el socio de Corporativo Ribe no fue él único caso.
Verónica Martínez Alfaro aparece como socia de once empresas vinculadas a Salazar Soto. Entrevistada por Ciudadanos Observando, la mujer dijo que ignoraba tal situación.
Mismo caso es el de Claudia Lucía Pérez Rodríguez, quien aparece como socia de la empresa M&M Mantenimiento, que no registra contratos con la dependencia, pero aparecía como “comparsa” en algunas licitaciones.
Pérez Rodríguez informó a Ciudadanos Observando que hace años, se desempeño como auxiliar administrativa en el Corporativo Infinite, de Salazar Soto.
“No lo conozco”
En el entramado de empresas usadas por el grupo de Salazar Soto, destaca el hecho común de que los domicilios presentados en sus documentos constitutivos son falsos o, en realidad, no están asentados ahí.
Ciudadanos Observando confirmó que 13 de las 19 empresas y personas físicas vinculadas al empresario y que fueron proveedoras de la Secretaría de Salud, presentaron en sus documentos domicilios equivocados, inexistentes o abandonados.
Como en el caso de la familia de Aureliano Moreno, la respuesta de los ocupantes de las viviendas fue la misma cuando se les preguntaba por la relación con otros socios: “No los conozco”.
No sólo ocurrió en San Luis, que registró seis empresas en Soledad de Graciano Sánchez y en la capital vinculadas al negocio, sino en otras entidades.
En la Ciudad de México, hallaron que Corporativo Ribe, Emverk Innovation y Technology, Desarrollo e Infraestructura Absac y el particular Alfredo García Rodríguez habían presentado domicilios inexistentes o equivocados. En el último caso, en esa dirección opera una bodega de dulces.
En l ciudad de Cuernavaca Morelos, los propietarios del domicilio que registró la empresa Franmark rechazaron ser sede de una empresa y desconocieron la situación.
Mientras que en el Estado de México operaba Abraham Martínez, con domicilios del Tultitlán y en Ecapetec, ambos falsos.
El poder de la firma… falsa
Otro hallazgo de la indagatoria de Ciudadanos Observando fue la profusión de firmas distintas que supuestamente pertenecían a una misma persona.
Las signaturas aparecían en los contratos con la Secretaría de Salud.
Ciudadanos Observando documentó incluso caligrafías discordantes en la firma de una funcionaria de la dependencia, Sandra Pulido Valencia, subdirectora operativa, que aparecía como testigo en los contratos, lo que para el organismo es una prueba de las irregularidades en la asignación de contratos.
