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Residentes del ejido “La Presa”, abogados de los mismos e integrantes de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, acudieron ayer a audiencia en el Tribunal Unitario Agrario, para tratar el conflicto por la realización del proyecto de la presa –ahora acueducto- “La Maroma”.
Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, indicó que los ejidatarios demandaron a su propio comisariado, quien admite que fue irregular el procedimiento, mediante el cual se otorga un permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para iniciar dichas obras.
“En esta audiencia estamos demandando la nulidad del acta de asamblea y el convenio que hicieron con la Conagua por irregular, porque carece de vicios de consentimiento, por la falsificación de firmas; buscamos la nulidad de ese convenio. Cayéndose ese convenio, pues se cae prácticamente el problema”, señaló.
Desglosó que se combate la probable irregularidad, debido a que los habitantes fueron engañados, pues no les dijeron que el convenio a firmar era tendiente a la expropiación, es decir, ceder propiedad en sus tierras y aguas.
Expresó que en el desarrollo de la obra ésta se modificó, por lo cual, pasó de una presa a un acueducto, que para este año no tiene presupuesto, en la cual se afirma que transportará agua para Matehuala, sin embargo, la infraestructura va hacia la zona industrial de esa municipalidad.
Argumentó que en el documento obtenido por la Conagua hay falsificación de firmas por parte de las autoridades, incluso “revivieron” pobladores fallecidos hace tiempo. Por este motivo, se presentó una denuncia por falsificación de documentos en la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Aquí estamos haciendo un llamado al delegado del gobierno federal Gabino Morales, porque este asunto es particularmente, muestra de corrupción y de ilegalidad. Falsificaron firmas que los propios campesinos desconocen”, declaró.
A su vez, Teodoro Cárdenas Lucio, comisariado ejidal de la “La Presa”, acusó que la Conagua y la Comisión Estatal de Agua (CEA), “a costa de mañas” pretenden despojarlos de sus derechos sobre la tierra y el agua, establecidos por un decreto presidencial.
“Nos quieren quitar el agua para llevársela a las industrias, a las empresas, a las granjas. Quieren dejar sin agua a todos los campesinos, no nada más del ejido La Presa, sino de varios ejidos más abajo”, asumió.
