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Para que la Auditoría Superior del Estado emprenda una revisión especial al ejercicio 2018 de la Secretaría de Salud, la Comisión de Vigilancia del Congreso debe proporcionar elementos de prueba de las presuntas irregularidades, así como aprobar la solicitud mediante un acuerdo económico.
Lo anterior quedó plasmado en el oficio ASE-AEFPO-151/2020, firmado por la titular de la ASE, Rocío Cervantes Salgado, en donde responde a una petición enviada por diputados el pasado 1 de junio, en la que le pedían iniciar una auditoría especial a la Secretaría de Salud ante la presunción de contratos “contrarios a la Ley” otorgados por la dependencia a empresas que le han proporcionado bienes y servicios.
La referencia es a las compañías ligadas al empresario Gabriel Salazar Soto y a los señalamientos sobre presuntas condiciones, precios y adjudicaciones irregulares.
La comisión pedía revisiones especiales al uso de recursos públicos por parte de la Secretaría de Salud durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Sobre la fiscalización de 2019, que se realizará este año, la ASE respondió que la auditoría está por iniciar y que la Secretaría de Salud está incluida, aunque aclaró que si hay procedimientos de contratación sean revisados por otros entes fiscalizadores, aludiendo a la Auditoría Superior de la Federación, no se incluirán en el paquete.
Por lo que respecta al ejercicio 2018, la ASE recordó una reciente reforma al artículo 54-B de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, que establecía el mecanismo de solicitud de una auditoría especial.
El procedimiento marca que el congreso debe pedirla mediante un acuerdo económico “siempre que existan elementos de prueba suficientes que hagan presumir el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos o su desvío”.
La Comisión de Vigilancia debe ser la dictaminadora de la solicitud, señala la normatividad.
En razón de ello, la ASE pidió a la mencionada comisión que se anexen los elementos de prueba suficientes que presuman actos irregulares, el acuerdo económico y la dictaminación de la solicitud que prevé la Ley.
Lo anterior para dictaminar la procedencia de la solicitud y en su caso, iniciarla.
