A-AA+
San Luis Potosí está entre las 21 entidades federativas cuyas autoridades no han transparentado debidamente las contrataciones hechas en el marco de la pandemia de COVID-19, señalaron las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil Estrategia contra la Impunidad.
Ambas dependencias publicaron el texto “A 100 días de #SusanaVigilancia: ¿qué riesgos siguen latentes en COVID-19?”, en donde señalan las anomalías registradas por autoridades federales y estatales en torno al manejo financiero y a la transparencia en el uso de recursos públicos durante la emergencia sanitaria.
Al tocar el tema de las contrataciones gubernamentales, las organizaciones señalan que a cuatro meses de declararse la emergencia sanitaria, por el primero contagio de COVID-19 conocido en el país, 21 estados, entre los que se ubica San Luis Potosí, “no transparentan las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria”.
Transparencia Mexicana y Tojil consideraron “inaceptable” que en estas entidades “no se puedan consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia detallando como mínimo el bien o servicio contratado, el monto, la razón social y RFC del proveedor”.
En abril pasado, en un acuerdo administrativo, el Ejecutivo dio a la titular de la Secretaría de Salud atribuciones extraordinarias para realizar adquisiciones de bienes y servicios necesarios para afrontar la emergencia sanitaria sin observar la normatividad vigente en las compras gubernamentales.
Hay once estados que sí han transparentado, en diversas medidas, sus adquisiciones relacionadas con el combate a la pandemia. El documento señala que estas entidades han realizado compras por 4 mil 583.1 millones de pesos.
El documento señala que los riesgos de corrupción y opacidad siguen latentes en todo el país.
Entre otros hallazgos, las organizaciones detectaron un inequitativo cumplimiento de la transparencia de las distintas autoridades, además de una dispersión de información que dificulta las consultas. Un déficit importante en materia de transparencia y opacidad en la contratación de deuda pública en los estados.
