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En reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso, la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, informó que en el proceso para aplicar una auditoría especial a la Secretaría de Salud se están reuniendo los requisitos de Ley para evitar posibilidades de amparo de parte del o los afectados.
Confirmó que en la revisión de las cuentas públicas 2018, la Secretaría de Salud generó observaciones por 63 millones 991 mil 962 pesos, siendo así la dependencia más observada del Gobierno del Estado en ese periodo.
Dijo que, de esas observaciones, la Secretaría ya desahogó una parte y todavía queda un periodo de gracia para observaciones no desahogadas, aunque no se definió a cuánto asciende este último concepto.
Agregó que, de ese mismo año, se envió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un expediente con los datos de proveedores no localizados, presumiblemente empresas “fantasma”, de las cuales la dependencia federal respondió que se encargaría de las investigaciones. Aclaró que dichos proveedores no son, exclusivamente, de revisiones a la Secretaría de Salud.
En cuanto al ejercicio 2019, Cervantes Salgado dijo que la fiscalización se encuentra en proceso y que los incidentes del año anterior servirán de base para afinar el trabajo.
Finalmente, en cuanto al ejercicio 2020, la auditora superior del estado expresó que la Ley “todavía no nos faculta para realizar trabajos de fiscalización, pero estamos trabajando para reunir los requisitos de una auditoría extraordinaria, proceso que debemos cuidar mucho para evitar amparos”.
