Anuario 2024: En el Rich, la negligencia fue mortal

Era la madrugada del sábado 8 de junio de 2024 cuando un video conmocionó a las redes sociales, las imágenes mostraban a un grupo de jóvenes cayendo desde el tercer piso de la Plaza Alttus en San Luis Potosí, entre vidrios rotos, gritos y llanto, amigos y testigos no podían creer lo que estaba ocurriendo.

El incidente ocurrió durante un evento que se llevaría a cabo en el bar Rich, ubicado en el tercer piso de la plaza; el lugar estaba abarrotado por jóvenes ansiosos por presenciar el concierto del cantante Kevin Moreno, y la multitud desbordaba desde el bar hasta las escaleras que conectaban con la planta baja.

Alrededor de la medianoche, el barandal de cristal y aluminio, incapaz de soportar el sobrecupo, cedió; más de 10 jóvenes cayeron desde una altura de 12 metros; dos de ellos, Manuel Alejandro Infante Puente, de 21 años, y Rodrigo Espinosa Alonso, de 17, fallecieron de manera instantánea, el resto resultaron con lesiones graves.

Con el impacto, la música se detuvo y el caos se apoderó del lugar, algunos asistentes corrieron para ponerse a salvo, mientras otros, manchados de sangre, intentaban socorrer a sus amigos heridos.

Este lamentable incidente no solo pone de manifiesto la falta de seguridad en espacios de entretenimiento, sino también las responsabilidades compartidas entre los dueños de estos establecimientos y las autoridades encargadas de su supervisión.

Una tragedia anunciada

El antro Rich, operaba bajo la apariencia de un lugar seguro y popular para jóvenes, sin embargo, las denuncias sobre condiciones de infraestructura insegura y el incumplimiento de normas básicas de seguridad empezaron a surgir desde hace tiempo, la omisión de las múltiples advertencias emitidas por Protección Civil, así como las inspecciones insuficientes, evidencian una falla sistémica en la supervisión de estos negocios.

Una de las principales preocupaciones es la falta de coordinación entre las distintas instancias encargadas de la fiscalización, que a pesar de las alertas previas, su respuesta a las deficiencias de seguridad en Rich fue tardía, dejando vulnerables a los asistentes del lugar.

El caos generado tras el colapso del barandal evidenció la incapacidad del establecimiento para gestionar una emergencia de manera efectiva, denotando la falta de capacitación del personal en primeros auxilios, lo que fue un factor clave que incrementó el riesgo para los asistentes; además, la falta de señalización adecuada y la inadecuada supervisión de las áreas de evacuación empeoraron aún más la situación.

La tragedia desató una investigación que, seis meses después, ha revelado una cadena de negligencias y omisiones; en marzo de 2024, la Coordinación Estatal de Protección Civil había detectado que el bar no cumplía con las medidas de seguridad necesarias, sin embargo, no se ordenó su clausura y el lugar continuó operando sin regularizarse.

Además, asistentes al evento denunciaron que el Rich permitía el acceso a menores y la venta de alcohol sin restricciones, entre los presentes había adolescentes de apenas 15 y 16 años, sumado a que la licencia del bar había vencido en enero de 2024 y operaba como "restaurante-bar", lo que también incumplía las normativas.

Nancy "N", apoderada del establecimiento quien hoy se encuentra enfrentando cargos por los hechos, logró renovar el permiso para la venta de alcohol en febrero de 2024, pese a las irregularidades detectadas, lo que ha suscitado sospechas de corrupción o negligencia en la administración local.

Las investigaciones

Han pasado seis meses desde la tragedia en el antro Rich, ocurrido la noche del 7 de junio de 2024, incidente que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes, Manuel Alejandro Infante Puente, de 21 años, y Rodrigo Espinosa Alonso, de 17; ocho personas más resultaron lesionadas, algunas con secuelas físicas y psicológicas de por vida.

La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, confirmó que seis de los jóvenes lesionados enfrentarán secuelas a largo plazo, con diagnósticos que incluyen afectaciones de hasta seis años o incluso permanentes; aunque todos han sido dados de alta, el impacto del accidente sigue siendo devastador para las víctimas y sus familias.

"El proceso penal continúa y seguimos recabando información. La investigación se mantiene bajo reserva", explicó García Cázares, al ser cuestionada sobre el avance en las acciones legales contra los responsables.

Por su parte el director de la Comisión Estatal de Víctimas (CEAV), Miguel Ángel García Amaro, informó que el estado ha destinado cerca de 5 millones de pesos para gastos médicos, funerarios y apoyo psicológico de las víctimas y sus familias. García Amaro, confirmó que se mantiene el acompañamiento a las víctimas directas e indirectas:

"Seguimos ofertando el acceso al fondo para su recuperación. Este caso sigue siendo prioritario", declaró.

La Fiscalía General del Estado cerró el término complementario de pruebas en diciembre y tres personas enfrentan cargos: Nancy "N", Ulises "N" y Francisco "N", responsable de la seguridad. Además, la Contraloría General del Estado está investigando a funcionarios que permitieron la operación del bar pese a las irregularidades.

Responsabilidad empresarial

El caso de Rich también destaca otro aspecto sumamente relevante en la prevención de tragedias como la ocurrida, la importancia de contar con seguros especializados que vayan más allá de cubrir daños económicos o indemnizaciones; un seguro de responsabilidad civil no solo es un escudo financiero, sino una herramienta clave para garantizar la transparencia y el compromiso con la seguridad del público, pues los propietarios del establecimiento deben entender que la inversión en medidas de seguridad es esencial para prevenir futuras tragedias y evitar riesgos innecesarios.

Alejandro García, asesor especializado en seguros para negocios de la industria restaurantera, explica que muchos propietarios subestiman los riesgos inherentes a la operación de bares y restaurantes. "El error más común es pensar que un incidente grave nunca les ocurrirá; muchos creen que las medidas de seguridad básicas son suficientes, pero no consideran eventos fuera de su control, como intoxicaciones alimentarias o fallos estructurales; un seguro no solo protege sus finanzas, sino que también respalda la reputación de su negocio," señala.

Según García, el costo de una póliza de responsabilidad civil depende de varios factores, como el tamaño del local, el aforo, el tipo de actividades que realiza, y el historial de reclamaciones: "Un seguro adecuado habría permitido cubrir gastos médicos e indemnizaciones sin que los dueños tuvieran que sacrificar sus recursos personales o la continuidad del negocio; además, muchas pólizas incluyen asesoría jurídica, lo cual es clave en situaciones tan delicadas," concluye.

Sobre todo, García enfatiza en que más allá de los costos económicos y legales, el que un establecimiento como el Rich, acuda a adquirir un seguro de este tipo, implica el cumplimiento de normas y reglamentación específica que hubieran podido subsanar las omisiones cometidas por las autoridades.

El impacto emocional en las familias de las víctimas ha sido devastador. Las entrevistas con sobrevivientes y familiares han revelado un sentimiento generalizado de impunidad, pues muchos cuestionan si las medidas judiciales y de supervisión actuales serán suficientes para prevenir nuevas tragedias; en este sentido, es crucial que se implementen protocolos más estrictos y efectivos para la prevención de accidentes en lugares públicos.

En paralelo, se ha comenzado a discutir una posible revisión de las políticas públicas relacionadas con la fiscalización en espacios de entretenimiento nocturno; legisladoras y legisladores locales han propuesto endurecer las sanciones a aquellos establecimientos que incumplan las normativas de seguridad, y se está considerando la creación de un comité interdisciplinario que realice evaluaciones periódicas para evitar situaciones similares.

La falta de conciencia social sobre los riesgos de seguridad es otro factor preocupante, pues muchos jóvenes y adultos asisten a eventos en bares y antros sin cuestionar los estándares de seguridad, confiando en exceso en las medidas implementadas; este patrón de pensamiento debe cambiar, y tanto clientes como negocios deben participar activamente en la construcción de una cultura de seguridad.

Una cultura basada en el consumo consciente podría obligar estos establecimientos no solo a cumplir con la reglamentación necesaria, sino también a la contratación de un seguro de responsabilidad civil que no solo les garantizaría el compromiso de los propietarios con sus clientes, sino también con sus propios empleados, colaboradores y la sociedad en general.

Desde el ámbito legal, también se plantea la necesidad de reformas legislativas que responsabilicen directamente a los dueños de negocios en casos de seguridad; expertos sugieren que los propietarios deben adoptar una responsabilidad más directa en la supervisión y gestión continua de sus establecimientos, incorporando evaluaciones periódicas y actualizando sus medidas de seguridad en tiempo real.

La tragedia del antro Rich ha servido como un llamado a la acción para mejorar la infraestructura de estos espacios públicos. No solo es fundamental mejorar la seguridad física, sino también sensibilizar sobre la importancia de contar con mecanismos efectivos de respuesta y apoyo en situaciones críticas.