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Un riesgo, deuda en telesecundarias

Por PULSO

Diciembre 14, 2021 03:00 a.m.

El adeudo del gobierno estatal con el sistema educativo de Telesecundarias asciende a mil 036.5 millones de pesos y es visto por el gobierno del estado como un riesgo relevante para las finanzas públicas de San Luis.

Ayer, profesores de Telesecundaria adheridos a la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se presentaron en el exterior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en espera de formular 600 demandas laborales, con las que exigen la restitución de adeudos que en algunos casos superan los 40 años de servicio.

El grupo compuesto por un aproximado de mil 100 profesores, se reunió a temprana hora en la Cineteca Alameda, para discutir los términos de las demandas laborales y el procesamiento.

De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa del presupuesto de egresos para 2022, la Secretaría de Finanzas, el adeudo con el sector llega a los mil 036.5 millones de pesos al cierre de este año.

El documento señala que diversas acciones realizadas por el gobierno de Juan Manuel Carreras López “no fueron suficientes para minimizar la actualización del riesgo para mantener la operatividad del sistema”.

Agrega que entre maestros activos y jubilados, la nómina anual del sistema asciende a dos mil 240 millones de pesos, de los cuales, el gobierno estatal paga mil 158 y el resto lo completa la Federación. 

Desde que inició esta administración, los maestros del sector han realizado varias protestas, incluyendo bloqueos viales. 

El gobierno estatal ha informado sobre el pago de algunos de los conceptos reclamados. 

En torno a la protesta de ayer, el senador con licencia, Primo Dothé Mata, acordó con los profesores presentar los 600 expedientes en un solo paquete, animados porque 500 ya ganaron un laudo para que se le restituyan los sueldos caídos.

Dijo que los descuentos injustificados tienen toda una historia, porque desde hace casi cuarenta años, el Gobierno del Estado implementó un plan en el que los profesores trabajan un número determinado de horas y les descuentan una cantidad sin justificación ni razonamientos legales.